Revisar y mejorar

UNO de los objetivos de cualquier sociedad que pueda llamarse civilizada es la de que en su seno no se ejerza la violencia bajo ninguna de sus expresiones, la cual sólo puede estar justificada bajo determinadas condiciones muy restrictivas. Por ello, en las sociedades democráticas se tiende a articular medidas que la prevengan e impidan y, en caso de darse, que permitan que sus supuestos autores sean juzgados y sancionados como corresponda. Admitiendo que se han logrado grandes avances en dichas sociedades, hay que afirmar, asimismo, que todavía queda mucho camino por andar en relación con algunos hechos concretos. Entre éstos se encuentra la violencia contra las mujeres, un problema que, triste y amargamente, no ha sido desterrado de las erróneas y rechazables pautas de convivencia establecidas por parte de un cierto sector de la población.

Con frecuencia, los medios de comunicación nos reiteran una y otra vez noticias al respecto que nos avergüenzan como miembros de una pretendida sociedad civilizada. Los datos están ahí, cargados de crudeza porque detrás de las cifras lo que hay son personas, mujeres que sufren o padecen o, aún más grave, que han dejado de existir.

Con el propósito de actuar en consecuencia, las Cortes Generales aprobaron en 2004 la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Más adelante, en 2007, en Andalucía se promulgó la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Pero las expectativas que levantaron en su momento no se han visto satisfechas. Desde entonces, año tras año, es posible comprobar que, desgraciadamente, no han producido los resultados esperados, que sigue habiendo mujeres maltratadas y que mueren a manos de sus parejas, a pesar de la gran sensibilización social que se ha extendido sobre este asunto.

Ante esta situación no cabe más remedio que reaccionar y, por ello, resulta del todo obvio que hay que fomentar el respeto a los derechos humanos y libertades, estar del lado de las víctimas, establecer medidas que supongan la eliminación de la violencia y la consolidación de la igualdad entre varones y mujeres como una realidad incuestionable. En este sentido, parece más que razonable apoyar la iniciativa del PA en cuanto a que se revisen y mejoren las citadas legislaciones mencionadas, con una amplia participación. No existe peor ayuda que la que consiste en no admitir lo que verdaderamente ocurre -lo indicado en cuanto a las eficacia de las leyes- porque representa para algunos una especie de claudicación o un dar el brazo a torcer o porque les equivale a la pérdida de un pretendido protagonismo en la materia. Posicionamientos de esta índole no sólo no contribuyen sino que dificultan la solución del problema.