Alves y Montero

María Jesús Montero se ha metido en un jardín. Cuando el viernes se conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de revocar la condena a Dani Alves por agresión sexual, su reacción fue prudente: “Mi solidaridad a todas las víctimas de abuso”. Al mismo tiempo que la vicepresidenta se pronunciaba en una rueda de prensa en Granada, la plaza de Sant Jaume de Barcelona se llenaba de manifestantes indignadas por la absolución y las redes sociales se incendiaban a medida que se conocían los términos del auto: tres mujeres y un hombre había acordado “por unanimidad” dejar sin efecto la sentencia que condenó al ex futbolista del Barça por violar a una joven en una discoteca. Simplificando el escrito, dos razones sostienen su decisión: “falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante” y falta de pruebas para condenar al acusado.

Unas horas después, María Jesús Montero subía de decibelios en un congreso de los socialistas en Jaén: dijo que “es una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes”. La catarata de reacciones aún no han cesado. Desde Ferraz intentan justificar a la vicepresidenta alegando que se “dejó llevar por la impotencia”, varias compañeras han dicho públicamente lo que opinamos muchas (que es muy difícil de digerir) y ella misma ha advertido que no va a aceptar ni “lecciones ni tergiversaciones del PP”.

Llega tarde y mal. España tiene uno de los sistemas judiciales más garantistas del entorno europeo (para lo bueno y para lo malo) y la presunción de inocencia está consagrada como un derecho constitucional. Pero la polémica ya ha rebasado el plano judicial para discurrir por el barro de la confrontación. Y voy a ser muy crítica: no siempre nos podemos desdoblar sin consecuencias. Cuando Pedro Sánchez situó a María Jesús Montero como candidata socialista al Gobierno andaluz, tuvieron que dar muchas explicaciones sobre compatibilidades. El foco se puso entonces en capacidades o cualidades personales para hacer tambalear la mayoría absoluta del PP. De lo que ahora hablamos es diferente: hace mucho que en España nos hemos permitido el lujo de borrar las fronteras entre los poderes del Estado (especialmente entre el Ejecutivo y el Judicial) y, sin ningún pudor, intercambiamos el traje político con el institucional. Sin entrar en la presunción de inocencia, pienso como Montero: es una vergüenza y lo he comentado entre colegas. Ella, ni siquiera en un mitin, siendo vicepresidenta, lo debería hacer.