Antirrepublicana y antifederal

La decisión sobre cómo se van a repartir los recursos económicos de los territorios que integran una unidad constituye, en un país descentralizado, un problema radicalmente democrático. Así, cualquier propuesta que persiga redefinir, en sus elementos esenciales, el modelo de financiación territorial, requiere unas condiciones mínimas de publicidad. Los ciudadanos han de conocer, antes del momento electoral, si existe una invitación para reformular el modelo de reparto de los recursos entre territorios, y valorar si quieren o no dar su apoyo a reformas que pueden afectar gravemente al nivel de suficiencia financiera de las administraciones. En un sistema parlamentario sabemos que la necesidad de conseguir apoyos para la gobernabilidad puede significar que el partido de gobierno atienda a cuestiones que en un principio no integraban su programa. No obstante, esta lógica no exime de una transparencia previa a aquellas decisiones que afectan a aspectos estructurales básicos de la forma del poder. Aprobar un modelo confederal de financiación en beneficio de un territorio, a través de un pacto entre élites políticas locales y nacionales, y de espaldas a la ciudadanía, constituye una medida que responde bien a la lógica monárquica de la concesión, pero que resulta profundamente antirrepublicana en su esencia. Es por ese mismo bilateralismo, ajeno a los requisitos básicos de la publicidad y la pedagogía democrática, por lo que dicha concesión, “el concierto solidario”, constituye un acto de cuño radicalmente antifederal. Antifederal de entrada, pues ninguno de los territorios que conforman el Estado han podido participar mínimamente en dicha decisión; y antifederal de salida, pues el nuevo modelo se sitúa al margen de los elementos en los que se reconoce cualquier modelo de federalismo fiscal.

De salir adelante el marco de financiación que ha sido pactado por PSC y ERC para Cataluña, nos encontraríamos ante la redefinición de un aspecto central de la forma territorial del Estado, aprobada al margen de los requisitos mínimos de deliberación democrática que son exigibles para determinadas decisiones políticas de especial relevancia. Se ha hablado mucho de regeneración democrática; deberíamos recordar que uno de los elementos basilares de ésta es la existencia de una mínima publicidad en los propósitos y credibilidad en el discurso gubernamental. Se puede cambiar de opinión, claro, pero eso no es lo mismo que engañar al pueblo o actuar políticamente a sus espaldas.