¿Se arregló lo de Muface?

La única ministra del Gobierno de coalición progresista que ha sido coherentemente progresista en el conflicto de Muface es la ministra de Salud. Pero a Mónica García (de Más Madrid, integrada en Sumar) no le han hecho caso ni sus compañeros sumaritas ni, mucho menos, los ministros del PSOE.

Uno de ellos, el ministro para la Transición Digital y la Función Pública, Óscar López, ha acabado con el problema tirando de chequera. Primero le ofreció a las compañías privadas que atienden a millón y medio de profesores, policías y otros funcionarios y sus familiares un 17% de aumento de sus primas, después un 33% y ha acabado ofertándoles la subida del 41,2%. Ya con esas cantidades les será rentable atender a los funcionarios.

Mónica García se ha quedado sola en una posición progresista y coherente: que estos trabajadores se incorporen a la sanidad pública como todos los demás y ésta pueda mejorar sus prestaciones con los 4.800 millones de euros que se van a embolsar en tres años los seguros privados que conciertan con Muface (quizás esto no funcionaría bien a corto plazo, pero ése es otro problema). Es el resto del Consejo de Ministros el que se traiciona. No paran de despotricar de los conciertos con la sanidad privada -por cierto, los firman por pura necesidad gobernantes de todos los partidos–, incluso denuncian que esto significa una privatización de los servicios públicos, vulnera el derecho a la salud y etcétera... pero a la hora de la verdad mejoran el negocio de las compañías privadas que contratan con Muface. ¿Quién se atreve a tocar derechos de los funcionarios?

Derechos que ahora son privilegios. Muface nació hace tiempo atendiendo con total justicia a una necesidad: asegurar la cobertura sanitaria a funcionarios públicos que no eran acogido por la sanidad pública. Se ha convertido en un cómodo seguro privado pagado con dinero del Presupuesto del Estado. Un seguro privado que el beneficiario revisa cada año si le conviene o no y en el que la libre elección de médico es de lo más ventajoso, sin trámites ni condiciones.

Los sindicatos con presencia en la Función Pública dicen que es un derecho adquirido y, por tanto, el Estado tiene que sostenerlo cueste lo que cueste. La evolución de la sociedad y la potencia de la sanidad pública –a pesar de todo– sugieren que esta discriminación positiva puede y debe revisarse por ser contraria a la igualdad. Es lo que piensa, en solitario, Mónica García.