Binomio maldito

EN política nada es seguro. Ninguna mayoría está asegurada, por absoluta que sea. Y los errores cotizan mucho más que los aciertos. No debiera olvidarlo el PP andaluz, que no puede quedar ajeno a la exclusiva desvelada en este diario por los periodistas Carlos Navarro Antolín y Manuel Ruesga.

Dos destacados ediles del gobierno municipal de Sevilla cuando el alcalde era Juan Ignacio Zoido, Juan Bueno y Asunción Fley, cobraron importantes cantidades entre 2012 y 2014 de fondos públicos que su partido obtenía por su representación electoral en la Diputación de Sevilla. Los pagos se hicieron, precisamente, en una etapa en la que el PP tuvo una mayoría absoluta nunca repetida: 20 ediles de 33 escaños.

La mecánica era simple: pagos recurrentes y documentados –con cheques– a ediles con dedicación exclusiva en el gobierno municipal para mejorar sus ingresos con sobresueldos, en un reparto discrecional, arbitrario y sin transparencia alguna.

Las explicaciones dadas por los afectados, Fley de forma previa y Bueno en público, son endebles y ponen de manifiesto algunos de los temores que asaltan a sus protagonistas.

Además, están acompañadas por un silencio estentóreo tanto del alcalde, José Luis Sanz, que en aquel momento era secretario general del PP de Andalucía, como de la dirección actual del partido en una comunidad autónoma que gobierna con mayoría absoluta y que ostenta siete de las ocho Alcaldías de capital de provincia.

Ni siquiera las cuitas y banderías internas permiten ignorar el riesgo de que vuelvan a unirse los términos PP y sobresueldos: binomio maldito. Lo es porque la memoria es reciente y remite a lo que destaparon los papeles de Bárcenas: los supuestos pagos en dinero opaco a dirigentes que tenían responsabilidades públicas que hacían incompatibles esos cobros.

La exclusiva periodística señala dos flancos que el PP andaluz no debería obviar: la obligación de tributar esos ingresos aparentemente irregulares y el régimen de incompatibilidades que tienen los cargos públicos cuando tienen dedicación exclusiva a sus tareas de gobernantes. Sólo la posibilidad de que se cometieran actos ilícitos en materia tributaria o de incompatibilidad merecen ser aclarados. Temo que acudan al socorrido argumento de que, de existir, los delitos estarían prescritos por el tiempo transcurrido. Ya lo decía la primera línea de la exclusiva periodística: la ética no prescribe.