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Quien dice calentarse dice refrescarse, cocinar, lavar, etc., porque para satisfacer muchas de las necesidades básicas es imprescindible la energía. Nos referimos a la energía que necesitamos para llevar a cabo una vida adecuada, y convendría que reflexionaramos sobre ella. De dónde viene, de dónde la extraemos, cómo nos llega, quién la controla, a qué precio… Como es propio del sistema capitalista en el que vivimos, los mercados especulan con ella como si se tratara de una mercancía y no de un derecho.
Porque calentarse, cocinar, lavar, refrescarse son derechos del ser humano. Tenemos derecho a no pasar frío, a no ahogarnos en calor, a alimentarnos, a asearnos… Tenemos derecho a una vida digna, a resguardarnos en nuestras casas de las temperaturas extremas. Cuando eso no se da hablamos de pobreza energética, una nueva denominación de las viejas formas de llamar a la pobreza.
La pobreza energética es la situación de quienes no pueden mantener una temperatura adecuada en su casa porque no pueden pagar el gas o la electricidad. En esta situación se encontraban en 2022 el 21 por ciento de las familias españolas. Este dato debería activar algunas alarmas cuando el exceso de frío o de calor se está cobrando casi ocho mil vidas al año. Esta cara de la pobreza alcanza al 33,5 por ciento de los hogares monoparentales y al 25 por ciento de los unipersonales, casi todos ellos hogares de pensionistas.
La pobreza energética es una concreción de la pobreza en general: tener dificultades para pagar el recibo del gas o de la luz, que tiene un 21 por ciento de IVA como si de un artículo de lujo se tratara. Lo que debería ser un servicio público se ha dejado en manos de cinco grandes empresas privadas, que tienen en sus manos la totalidad de la distribución, comercialización y la generación de energía. Son las que marcan las reglas del juego.
Va siendo necesario entender la energía como un bien básico. No podemos dejar que las grandes empresas ganen más de once mil millones de euros en 2023, según los resultados de ejercicios de las mismas -más de treinta millones al día- mientras el 21 por ciento de las familias españolas no pueden pagar la luz o el gas. No hay derecho, no es humano.
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