Confabulario
Manuel Gregorio González
A lienación planetaria
Desde que existe el certificado electrónico, gran parte de la responsabilidad de todos los procedimientos, subvenciones, resoluciones, tasas, licencias o reclamaciones ha sido delegada en la ciudadanía por parte de las administraciones públicas, haciendo que personas anónimas tengan la carga de la competencia de hacerlo correctamente. Si la administración fue siempre bastante fría (no hay más que leer el BOE), tengo la sensación de que últimamente es simplemente indolente a las circunstancias, siempre complicadas, de la vida de la gente. Ahí van algunos ejemplos: Sacar convocatorias de subvenciones para el tejido social el uno de agosto, y su resolución para adaptarlas en vísperas del puente de la Inmaculada, como si el personal que trabaja en éstas no tuviera derecho al descanso. Embargar a una chica, como ha pasado en Alicante, que se quiso suicidar, por el coste de la salida de los bomberos que entraron en su casa a salvarle la vida. Cobrarte el 20% de recargo si te has retrasado en el pago de algún tributo o tasa, cuando las personas dependientes pueden estar años esperando el ingreso de la prestación a la que, por ley, tienen derecho. Pedirte sistemáticamente una documentación que la propia administración ya conoce sobre ti. Pretender resolver alguna duda y encontrarte con un teléfono que nadie coge o una cita previa que tarda días. La administración exige puntualidad y diligencia al ciudadano, pero no responde de la misma manera.
Muchas de las ayudas a los colectivos más vulnerables, como la renta mínima, pobreza energética o becas de estudios, resultan muy difíciles de acceder a personas que no se manejan con los trámites digitales, o que directamente viven en la calle o en un asentamiento agrícola. Más de mil millones de euros del ingreso mínimo vital se dejaron de cobrar por no haber sido solicitados por sus potenciales beneficiarios en 2021. El sentir principal de los afectados por la DANA de Valencia es que las ayudas públicas no llegan. ¿Cómo se van a tramitar si tú documentación y ordenador quedaron sepultados bajo el lodo?
Todos estos muros del procedimiento no han evitado casos de corrupción o fraude. Por lo que hay que exigir que aquellos que tienen el encargo de facilitarnos el acceso a los servicios públicos, salgan de sus mesas con mamparas y busquen los métodos para que nadie se quede sin aquello que, por justicia, le corresponde, tenga o no certificado electrónico.
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