Desatando ideas

11 de diciembre 2024 - 03:05

Los Pajaritos y Polígono Sur, de Sevilla, o Guadalquivir de Córdoba, o Asperones de Málaga, son algunos de los trece barrios más pobres de España. Podemos sumarle algunas calles o plazas de Huelva, por ejemplo, en Marismas del Odiel o en la Barriada Alcalde Diego Sayago, o de cualquier otra provincia andaluza. En estas barriadas andaluzas es dónde pone el foco el informe ‘Pobreza Sur 2024. Barrios olvidados’ de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ayer se presentaba aprovechando la celebración del día internacional de los Derechos Humanos. Los llamamos barrios olvidados o ignorados, vulnerables y empobrecidos, y últimamente incluso los de los cortes de luz o “los tiroteos”, pongámosle el apellido que queramos según nuestra sensibilidad, pero todos son lugares donde se vulneran los derechos humanos de manera flagrante, y donde lo mejor son las gentes que lo habitan.

Objetivamente, el informe presentado por la APDHA señala cómo aumenta la exclusión, la precariedad y la pobreza en estas barriadas, y es algo que se repite año tras año indicando una clara cronificación de la pobreza y, por desgracia, una evidente territorialización de la misma. Esto supone que la ‘güetificación’ de muchas de esas barriadas avance sin control y que en el imaginario colectivo también lo haga el estigma que cae sobre ellas. Nos hemos acostumbrado a admitir que haya vecinos que por vivir dónde viven van a tener menos empleo; más violencia y menos esperanza de vida; ninguna presencia de grandes equipamientos administrativos y comerciales; etc.

En los últimos años, con un gran aporte presupuestario de la Unión Europea, la Junta de Andalucía viene desarrollando la Intervención en Zonas desfavorecidas a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Esta iniciativa pretende sumar bajo un único paraguas todas las actuaciones sociales, sanitarias, laborales e incluso de seguridad en los barrios empobrecidos. Un objetivo loable pero que por ahora no se ha logrado, y sin embargo se mantiene la atomización de las actuaciones propiciada por un “subvencionismo” diseminado sin mucho sentido.

La solución no va a llegar fácilmente, pero lo insoportable de la cuestión exige una movilización contundente y urgente, tanto a modo de presión y reivindicación de los propios vecindarios, como de compromiso de nuestros dirigentes políticos, un ir “todos a una” sin dilación.

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