Despotismo Deslustrado

El Despotismo Ilustrado ejerció el poder en la idea de que el pueblo, ignorante y zafio, debía mejorar. Pero sin contar con su opinión al respecto. Se dudaba de su capacidad para expresarla y se le tenía por inmaduro y pueril. Aquel ideario político, resumido en un lema tan paternalista como tramposo –“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”– desapareció cuando la burguesía, como clase social emergente, exigió tomar parte en las decisiones, acuñando uno de los principios fundamentales de la democracia liberal: “No hay impuestos sin representación”. Revoluciones aparte, que no siempre fueron violentas, y en ocasiones actuaron más como defensa contra el absolutismo que no asumía su derrota, que como revulsivo para el cambio político, lo cierto es que la democracia se abrió paso parlamentariamente exigiendo que los fondos públicos no fueran utilizados a capricho por los gobernantes y tanto ingresos como gastos tuvieran la aprobación del conjunto de los ciudadanos que habían dejado de ser súbditos y no tenían intención de volver a serlo, representados democráticamente en un parlamento.

En razón a ello, nuestra Constitución establece la obligatoriedad –no la posibilidad– de que el gobierno presente un proyecto anual a las Cortes antes del 1º de octubre de cada año que debe ser aprobado y entrar en vigor el 1º de enero del siguiente. En aras de evitar la inflexibilidad del plazo y la paralización de la administración se determinó la posibilidad de prorrogarlo, pero con la exigencia de presentar el proyecto cuanto antes. Felipe González ganó las elecciones el 28 de octubre de 1982 y lo primero que hizo fue organizar un presupuesto para 1983. Al fin y al cabo, el programa de un gobierno se plasma en el presupuesto y la confianza de las Cortes se alcanza cuando se aprueba.

Y así ha sido siempre. Hasta hoy. El señor Sánchez, al parecer amante y sin duda practicante del Despotismo –llamémosle Deslustrado, porque su acción de gobierno carece de todo lustre o prestigio– ha decidido que a él y a su desgobierno tampoco les aplica el texto constitucional en lo relativo al TÍTULO VII titulado Economía y Hacienda. Razón por la cual, ni se ocupa, ni se preocupa en preparar unos presupuestos. Ni aprobó los del 19, ni presentó siquiera los de 2020, 24 y 25. Ni tan sólo un folio que diga: “Las Cortes Generales me otorgan el derecho a cobrar los impuestos que me plazca para gastarlos en lo que desee”. Y en esas estamos. Como si volviéramos a ser menores de edad para quien reside en la Moncloa.