Encrucijada

Lo leíamos hace una semana en los periódicos: “El presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido ha garantizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la “constitucionalidad” de la cesión del control de inmigración a Cataluña”. Diez días antes, el PSOE y Junts registraban la proposición de Ley para que Cataluña se hiciera cargo de las competencias de la inmigración y que los Mozos de Escuadra se encargarán de la seguridad de puertos, aeropuertos “y otras zonas críticas” en “cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. La gravedad extrema de esta decisión arremete directamente con el Estado de Derecho, atentando vilmente con la raíz fundamental de nuestra democracia. Ese apoderamiento implacable y voraz de las instituciones, organismos y entidades jurídicas y empresariales del Estado, garantes del equilibrio de la libertad democrática, ha convertido al Gobierno en un instrumento autocrático totalitario que pisotea la voluntad popular.

Muestra evidente de ese secuestro de la soberanía del pueblo que es el Congreso de los Diputados, es la negativa del presidente a comparecer en esta cámara de representación popular, situándose en una encrucijada inquietante y desquiciada que muestra la inviabilidad del jefe del ejecutivo en el gobierno de la nación, dependiendo de su ambición de poder y de las veleidades de quienes le mantienen con sus exiguos, aunque decisivos votos. En este difícil trance sobre el aumento del gasto militar, defensa o seguridad, que todo es lo mismo, como en tantos otros, al presidente del Gobierno sólo le preocupa la supervive4ncia en el poder, asirse desesperadamente hasta las últimas consecuencias a la poltrona monclovita de la que le pueden arrancar sin la mínima consideración cualquiera de sus aparentes socios. Lo publicaba hace unos días “The Economist”, acusando a Sánchez de aferrarse al cargo “a costa de la democracia española”. Lo cual debe hacer reflexionar muy seriamente a todo ciudadano con plena conciencia democrática, cuando, como ya es descaradamente ostensible, que Sánchez está contraviniendo el orden constitucional y es que la voluntad de uno no puede imponerse a la del pueblo.

El votante, el elector, debe discernir muy bien cual es el partido que pretende devolver al país a su constitucional equilibrio democrático, la libertad, el Estado de Derecho, la independencia judicial, la paz social y económica… y no a quienes tratan de imponer sus intereses, sus ideologías y sus erróneos discursos que propenden más a la animadversión que a la convivencia y el bienestar. La encrucijada que se le plantea al Gobierno en este punto no puede ni debe llevarle a situar al poder Ejecutivo por encima del Legislativo, sobre todo cuando se trata de aprobar gastos de defensa o de seguridad. O de armamento militar como demanda la Unión Europea y no podemos soslayar con eufemismos verbales y trampas parlamentarias a las que nos tiene habituados este Gobierno.