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Por montera
Mariló Montero
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Como si fuese un algoritmo, el TSJA culpa a “la valoración de riesgo recogida en el fichero VioGen” que se denegara protección a una mujer maltratada, asesinada por su pareja seis días después en Benalmádena. El comunicado justificativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es frío y corporativo. Olvida lamentar la muerte de esta mujer de 48 años que deja cuatro hijos. Eso sí, el TSJA defiende a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, encargada del caso, porque “ha cumplido con todos los requisitos exigibles”. Y rechaza que se hable de fracaso del sistema.
El asesinato de Lina por su pareja durante 13 años, de quien se separó hace seis meses, ha dejado en precario a la juez que decidió que no corría un riesgo cierto. Se equivocó esta juez con 16 años de experiencia. Le han llovido las críticas, pero ninguna le hará tanta mella como su propio sentido del deber. La víctima pidió una orden de alejamiento, la fiscalía solicitó la suspensión del régimen de visitas, la policía catalogó el caso de riesgo medio con menores vulnerables a su cargo...
Pero la magistrada observó contradicciones en la víctima, que declaró que su agresor la había amenazado, le había levantado la mano y en otras ocasiones le pegó. Y decidió denegar la protección. La juez Carlota Sánchez Márquez tiene prestigio y conocimiento. En declaraciones a SUR en 2019 explicaba que “las mujeres se resisten a declarar; lo que quieren es que se les arregle el problema; no saben cómo, pero que se les solucione”. Y añadía que de los más de mil procedimientos registrados cada año en su juzgado, entre un 10 y un 15% se acogen a su derecho a no declarar contra su pareja o retiran la acusación.
Ha habido 1.295 asesinatos de mujeres por violencia de género en España desde que empezó la estadística en 2003; 76 víctimas en 2008, 46 en 2024. Según los informes de la fiscalía en la última década, una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado previamente. Pero en 2022 fue el 43% y en 2018 el 34%. Así que, digan lo que digan los comunicados de la Sala de Gobierno del TSJA, el sistema falla.
El problema es enorme. Hay casi doscientas mil denuncias al año. Y faltan medios y adecuada preparación de los funcionarios. Tras los ataques a esta magistrada, el TSJA reclama respeto a la independencia de los jueces, porque se traslada a la ciudadanía desconfianza en uno de los pilares de nuestra convivencia. Pero el desprestigio de los jueces no viene sólo de este tipo de casos. Decisiones exóticas, autos de dudosa neutralidad y manifestaciones políticas vestidos con togas socavan el prestigio del poder judicial.
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