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En tránsito
Eduardo Jordá
¿Capitalismo o estatalismo?
El balcón
Ping-pong de este a oeste. Esta semana los candidatos de los grandes partidos a la Presidencia de la Junta se han marcado un farol ecologista en Algarrobico y Doñana. Nos entretendrán los próximos 16 meses con alardes así; márquetin e hipocresía. Inició la partida el lunes María Jesús Montero en el Algarrobico. Apareció vestida de calle, posando con el delegado del Gobierno en Andalucía, delante del espantoso edificio de 21 plantas construido en una colina del Parque Natural de Cabo de Gata al borde del mar.
Allí anticipó una decisión que tomaría el martes el Consejo de ministros: iniciar los trámites para la demolición del hotel. Llevamos 20 años mareando esa perdiz. El Gobierno ha declarado de titularidad pública la parcela sobre la que tiene competencias por la línea de costa, para luego expropiarla y demoler. Pero son fuegos artificiales; la mayor parte del mamotreto está en terrenos jurisdicción de la Junta. Montero le pasa la patata. Allí mismo, con fuerte viento de levante, la ministra instó a la Junta a seguir los pasos del Gobierno de la nación.
La secretaria general del PSOE andaluz se puso estupenda en su declaración: “hotel ilegal”, “el mayor atentado medioambiental de este paraje natural”, “símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral”. El atribulado argumentario de María Jesús esquivó la autocrítica. Pero este hotel tan ilegal, este atentado depredador tan contrario a un crecimiento sostenible se hizo a partir de 2003 por un alcalde socialista de Carboneras, con una consejera de Medio Ambiente de Almería y con un gobierno regional socialista que permitió o amparó esta operación.
En 2016 una sentencia del Tribunal Supremo permitía a la Junta ejercer el derecho de retracto y convertirse en propietaria del suelo. Pero no se ha completado el procedimiento. El ejecutivo andaluz no está por la expropiación; considera que basta con anular la licencia urbanística municipal. La Junta tampoco está dispuesta a demoler el edificio. Sostiene que debe hacerlo el Gobierno y la administración regional retiraría escombros y restauraría la playa. Eterno ping-pong.
En el otro extremo de Andalucía, el presidente de la Junta anunció la compra de una nueva finca en la marisma natural de Doñana, para proteger los humedales de la sequía. Juanma Moreno iba disfrazado de coronel Tapioca, con chamarreta verde oliva de cuatro cremalleras y el logo de su Junta, pantalón de maniobras, botas de campo y prismáticos de campaña. Es el mismo presidente que siguió a Vox en su intento de legalizar unas mil hectáreas de riegos ilegales que secan los humedales. (En la corona norte del parque continúan las extracciones irregulares). Y es el mismo político que ha aprobado una ley de sostenibilidad territorial que amplía la capacidad urbanística de los ayuntamientos. Por ahí empezó en los 2000 el disparate del Algarrobico. Adelante con los faroles.
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