El fracaso del plan forestal andaluz

EL último viernes del pasado mes de septiembre se dedicó en todo el mundo a la divulgación de la gestión forestal sostenible de la mano de una organización internacional no gubernamental (FSC). En la actualidad en España hay más de 214.215 hectáreas de monte que disponen de certificado FSC de gestión forestal sostenible, donde se utilizan técnicas responsables con la conservación de la biodiversidad. En Andalucía contamos con el Plan Forestal Andaluz (PFA), que se aprobó en febrero de 1989 y fue ratificado por Resolución del Parlamento Autonómico en noviembre de ese año. El PFA define la estrategia de la política forestal andaluza para un horizonte de 60 años, dadas las características de las acciones a emprender y su ejecución, que se lleva a cabo en fases decenales, y con actualizaciones cada 5 años.

Este año, la Junta de Andalucía ha presentado un Documento titulado Adecuación del Plan Forestal Andaluz 2015, donde se detallan los nuevos objetivos que deben cumplirse y se articula la planificación forestal a través de 7 programas, entre ellos el control de la erosión y la desertificación, la restauración de ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la transformación y comercialización de los productos forestales, o el control de los incendios forestales. La reformulación de estos nuevos objetivos ha aumentado el grado de confusión a la hora de evaluar y cuantificar las actuaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente y por otros entes en el marco del desarrollo de la política forestal andaluza durante estos años.

En estos 25 años transcurridos hay ya elementos suficientes para valorar el grado de cumplimiento del PFA. La Junta ha creado intencionadamente una gran confusión al modificar la nomenclatura de distintos capítulos, lo que dificulta el seguimiento del PFA. Pero es evidente que los objetivos del Plan Forestal no se están cumpliendo, ni siquiera en los montes públicos, que deberían ser un referente de obligado cumplimiento. Durante el primer decenio de aplicación del Plan, hubo un drástico cambio en la política forestal, lo que supuso una disminución de las inversiones. En estos 25 años estimamos un déficit superior a los 1.200 millones de euros.

El caso de las repoblaciones forestales es particularmente grave. En el período 1990-2006 se repoblaron 352.734 hectáreas, lo que supone sólo el 61,88% de la superficie programada en el PFA. Estamos ante un claro incumplimiento de uno de los objetivos básicos y prioritarios del PFA: la regeneración de los ecosistemas forestales.

Por el contrario, en el capítulo de los incendios forestales se ha invertido dos o tres veces más de lo presupuestado. En el período 1990-2006, la superficie incendiada ha sido de 277.957 hectáreas, lo que supone una media de 16.350,4 Ha/ año; la inversión total (prevención y extinción) ha sido de 1.026,31 millones de euros, con una media anual de 60,37 millones de euros, muy por encima de lo previsto en el PFA.

Durante el periodo 2001-2010 se han producido 9.715 incendios, con una media de 971 incendios y 12.517 hectáreas calcinadas al año. El aumento constante de inversiones no ha logrado disminuir el número de incendios, aunque sí se ha contenido la superficie afectada. Mayores inversiones no necesariamente suponen una mayor efectividad. En este sentido las políticas que ponen énfasis en los aspectos preventivos pueden resultar más eficaces. Por ello la mejor forma de disminuir el riesgo de incendios forestales es la de acometer cambios sustanciales en la política forestal, en la estructura de los bosques mediante técnicas de selvicultura mediterránea, y en la relación de las comunidades rurales con el medio natural.

Queremos destacar la gran importancia socioeconómica del PFA. El Plan estimaba la creación de 4,8 millones de jornales anuales, que equivalen a unos 18.000 puestos fijos. Estas previsiones no se han cumplido, pues el capítulo más cuantioso en la creación de puestos de trabajo es el de extinción de incendios (Plan Infoca) y la contratación no supera la cifra de las 4.500 personas/año.

Abogamos por una auténtica política agroforestal que entienda el medio natural de manera global, y donde los problemas agrícolas, ganaderos y forestales se valoren adecuadamente y tengan un marco común de actuación interconectado.

Por ello solicitamos que en los próximos Presupuestos Generales de Andalucía se dedique una inversión extraordinaria para el cumplimiento del Plan Forestal Andaluz.