Fraude

Cualquier ciudadano bien informado debe ser consciente, sin ningún género de dudas, de que un español de Huelva y un español de cualquier población de Cataluña son iguales, según los principios constitucionales del Estado de Derecho que rigen en España. Tratar de imponer un privilegio a favor de cualquier región o localidad es un fraude intolerable y por supuesto ilegal. Cualquier circunstancia no puede viabilizar semejante fraude a los españoles, mucho menos si constituye una más de esas maniobras que el presidente del Gobierno instrumenta para mantener su mandato “aeternum”. Sea concierto – más bien desconcierto -, acuerdo, cupo o financiación singular o cualquier otro eufemismo, tan habituales en este gobierno, el atraco al principio de financiación de las autonomías, igualitario y solidario, está bien patente. Es un disparate que esta presunta progresía social que tanto presume, proclame la consecución de un reencuentro o convivencia en el territorio catalán – lo cual no es así en tanto se plantean nuevas reivindicaciones – mientras se crea la discordia en el resto de las autonomías que no pueden ni deben tolerar este engaño. Realmente es una cesión de la soberanía fiscal sin base constitucional en la que radican los principios básicos y las normas fundamentales de nuestro sistema tributario. Basta ya de esta absurda entelequia que el resto de los españoles soportamos por puro catetismo rústico y palurdo, especialmente de los políticos de antes y de ahora.

Pero este es un tema que con su miopía colectiva o su autoengaño complaciente o, tal vez, su conveniencia política, apoyan con su voto muchos andaluces. Es el caso del secretario general de los socialistas de Andalucía, Juan Espadas, cuando escribimos esto – se dice que puede ser el futuro ministro de Transición Ecológica – que nos reprocha que miremos “exclusivamente a Cataluña” y no el “acuerdo y diálogo” sobre la financiación de las autonomías suscrito por el Parlamento andaluz en 2018. Él y su vicepresidenta y ministra de Hacienda, hacen equilibrios para mantener la postura oficial de su partido respecto al “concierto” con Cataluña y la opinión de muchos de sus correligionarios en Andalucía, conscientes de que el acuerdo como tal va en detrimento de su Comunidad. Lo que se dijo desde el primer momento sin esperar, por ejemplo, a que Fitch – la agencia de calificación crediticia estadounidense – relevante para algunos cuando les favorece y al contrario, advirtiera que la reforma fiscal firmada con ERC será “positiva” para Cataluña pero negativa para el resto de las comunidades.

Esto, más la gravísima crisis migratoria, la inestabilidad del bloque de la investidura para aprobar unos nuevos presupuestos lo cual parece inviable por el momento, lo que obliga a prorrogar los de 2023; los informes inculpatorios sobre el caso Koldo, las amenazas de Ábalos sobre su voto – sigo en el dicho “perro no come perro” – y otras contingencias no menos preocupantes, desestabilizan la legislatura.