Mordaza

Mientras Cataluña trata de desahuciar al Estado y asume la inmigración y el control de fronteras que los juristas- entre tantos otros - consideran inconstitucional, como lo reconocían en su día el propio presidente del Gobierno, el ministro Grande Marlasca y la ministra-portavoz, Pilar Alegría y se anuncia que no habrá fisuras en el Constitucional sobre esta cuestión… España alcanza la cifra más alta de funcionarios en toda su historia, nada menos que 3.043.024… los asesores de Sánchez – dicen que 971 para el conjunto gubernamental - crecen un 15% en seis meses totalizando un máximo histórico, 367 personas de confianza elegidas a dedo más que el anterior gobierno , entre otros excesos y complicaciones judiciales que cada día estrechan más el cerco de la Justicia, sus mandatarios con el presidente a la cabeza han decidido tensar aún más la mordaza que desde hace tiempo trata de atenazarnos a los periodistas, intentando cambiar los criterios para que los medios de comunicación puedan acreditarse en el Congreso de los Diputados, incluyendo sanciones, lo que choca con la legislación vigente.

Nada menos que 200.000 euros a los medios que no cumplan sus nuevas normas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia añadirá dos direcciones a las cuatro existentes: Servicios Digitales y Medios de Comunicación, convirtiendo a sus funcionarios en controladores de los medios y redes sociales para que velen por la “libertad de expresión”, es decir un método para controlar toda la información y combatir los medios críticos, mediante “todas las inspecciones necesarias en las instalaciones del prestador de servicios intermediarios de que se trate”. Todo sea, dicen, por salvaguardar la “libertad de expresión”. La suya por supuesto. No la de los medios críticos en su justo derecho de juzgar la acción de gobierno.

En la contumaz tendencia a guardar silencio sobre las preguntas comprometidas que se le hacen al jefe del ejecutivo y sus ministros, su desprecio al Congreso de los Diputados, su inconstitucional negativa a inquirir el criterio de los órganos consultivos sobre leyes, decretos y decisiones, como es su obligación, y la falta de respuesta a los requerimientos de la oposición a la que interpela sobre temas del pasado de la que no fue responsable. Todo ello en el curso de una convulsa legislatura sometida a las veleidades de sus socios y especialmente a los caprichos de Puigdemont y sus disparatados designios. El ciudadano. responsable e informado, está harto de tan sucias estratagemas como se articulan a diario para que el jefe del ejecutivo y el fugado de la Justicia sigan en el poder. Y en este trance interminable la mordaza sobre los medios críticos se estrecha cada día más.

Y en la degradación democrática que sufrimos el ciudadano ve con enojado asombro, si es que aún es posible asombrarse, como con su dinero, hetairas y meretrices de catálogo, satisfacen las urgencias libidinosas de ciertos políticos.