El no derecho a la vivienda

Las políticas del ladrillo aplicadas en nuestro país han supuesto una mercantilización del derecho a la vivienda. La mercantilización viene de largo, en 1998 Aznar liberalizó el uso del suelo público y miles de viviendas de protección oficial se recalificaron y pasaron al mercado libre. Luego la crisis del 2008 agravó la situación: miles de familias desahuciadas, viviendas en manos de bancos rescatados con nuestro dinero y de fondos buitres…

Hoy en día el acceso a la vivienda está marcado por la precariedad laboral y los elevados precios. El mercado inmobiliario es un buen terreno para la especulación y la protección social es insuficiente. Donde antes el problema de vivienda lo causaba la falta de trabajo, ahora aunque trabajes resulta difícil acceder a un techo. La vivienda se lleva el 70 por ciento del sueldo. En la actualidad el número de desahucios proviene más del pago de alquileres que del de hipotecas.

Este fenómeno que se da en el mercado inmobiliario, donde los fondos de inversión adquieren miles de viviendas públicas, cobran alquileres abusivos y desahucian a inquilinos olvidándose de que el derecho a la vivienda es un derecho humano y constitucional y convirtiéndolo en una fuente de beneficio privado, en un bien especulativo, se conoce con el nombre de economía vampírica.

Los fondos de inversión, además, marcan las políticas públicas a las que presionan mediante los lobbys financieros. El presidente Sánchez, recientemente ha hablado de destinar más de 200 millones a ayudas para el alquiler joven. Según el INE, en España hay casi cuatro millones de viviendas deshabitadas, si esos doscientos millones se destinarán a obtener vivienda pública en alquiler asequible y social sería más eficaz que la ayuda prometida porque podría bajar los precios. Eso por no hablar de los 65.000 millones de rescate a la banca no devueltos o de las 40.000 viviendas en manos de la banca mala creada por De Guindos (SAREB) que aún no forman parte del parque público.

La vivienda es un no derecho en la actualidad, un simple objeto de consumo, un privilegio y hay que reclamar que sea un derecho para que todas las personas puedan acceder a un techo digno en el que vivir.