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Ignacio Martínez
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Aunque se dice que el número de “okupaciones” de viviendas y otras estancias habitacionales han disminuido – en 2023 se contabilizaron más de 15.000 -, las cifras actuales alarman y llegan a 46 al día. demostrando el desprecio del derecho a la propiedad privada por parte de muchos ciudadanos, amparados por las circunstancias jurídicas contrarias a la diligencia necesaria contra quien comete el delito. Cada día vemos los tristes ejemplos de las víctimas de tan despreciables atropellos y cuanto les cuesta volver a sus hogares, si lo consiguen, que adquirieron y en muchos casos están todavía pagando con extraordinarios esfuerzos y sacrificios. Es la penosa realidad de nuestros días ante la que hay una insólita pasividad y permisividad en las más altas instancias de la Administración, además de una desesperante lentitud por parte de la Justicia.
Y hablando de “okupación” el más nefando ejemplo es el del gobierno, que en su afán de perpetuarse en el poder, su patológico intervencionismo y su insaciable ambición de colonizar las instituciones y organismos del Estado, ha conseguido “okuparlos” colocando al frente de ellos a personas afines al partido gobernante, militantes muchos que ostentaron cargos relevantes de primer nivel en la política y en la justicia o en puestos destacados de la Administración.
En esta “okupación” de las instituciones garantes de la autenticidad democrática y desprecio a la separación de poderes, el gobierno se ha apoderado del Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, cuyo titular está en entredicho, buena parte del Consejo General del Poder Judicial, y entidades y empresa públicas como Renfe, Cis – con el polémico Tezanos al frente - , Aena, Sepe, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Csic, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno, así como otras empresas participadas por el Estado: SEPI, la Agencia EFE, Tve, Indra, Navantia, Correos, Red Eléctrica, Hipódromo de La Zarzuela, Cetarsa (comercialización del tabaco en rama), Enusa (fabricación y abastecimiento de combustible nuclear), Sepide, Mercasa, Mayasa (fomento de proyectos industriales) y algunas más, todas ellas presididas o dirigidas por militantes socialistas, algunos de los cuales ostentaron cargos importantes en la Administración Estatal. Cada día resulta más evidente la desmedida avaricia autocrática de Pedro Sánchez que pone estas instituciones a su exclusivo servicio y no libremente al de todos los españoles como exige un auténtico Estado de Derecho en una legítima sociedad democrática.
Y mientras Sánchez afirma que nuestra economía va como un cohete, otra destacada publicación, “Bloomberg News” alerta de su deterioro como ya publicara “The Economist”. Y es que el “artefacto” económico sanchista no llega a los sueldos, que con él han descendido un 1 por ciento.
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