30 de enero 2025 - 03:06

La fechoría parlamentaria perpetrada por el Gobierno en el pleno del Congreso del pasado día 22, donde el atraco llamado Ómnibus fue rechazado por PP, Vox y Junts, ocasionando una nueva derrota al ejecutivo es una clarividente muestra de la debilidad gubernamental y una más de las escandalosas y despreciables maniobras chapuceras de quien ha decidido valerse de todo, aunque suponga inconstitucionales y tramposas estrategias con tal de mantenerse en el poder. No se concibe en un régimen libre y democrático que un Gobierno proponga en la Cámara un decreto con un perverso contenido de medidas que incluía pensiones, tarifas de transportes, ayudas por la Dana y fondos para las comunidades autónomas, junto a propuestas indeseables en beneficio de su interés por la supervivencia en el poder.

Incapaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado ha tratado de soslayar el incumplimiento del artículo 134,3 de la Constitución con este chantaje inadmisible que no sólo ponía en peligro el cobro de la mejora en las pensiones sino otros muchos beneficios sociales y económicos (22 millones de nóminas y 12 millones de pensiones), que puede dejar en quiebra técnica a muchas empresas, ocultando cínicamente que se pretendía votar la subida del Iva, los impuestos de la factura de la luz, la financiación de las autonomías y entre otras, que alargarían tan tóxica relación, el ya mencionado dichoso palacete de París para el PNV, que le pagamos al presidente para que los separatistas, el propio partido nacionalista vasco y Bildu, le sigan apoyando en el gobierno. Es obvio que en el lance había una pérfida intención si no se aprobaba; responsabilizar al PP, y sólo al PP, de no permitir la subida de pensiones y de las personas que dependen del transporte público, lo que puede restar su crédito electoral. Cualquier rectificación del Gobierno, por presión de Junts, difícilmente aliviará la incertidumbre sembrada en la ciudadanía.

El ejecutivo en su desmesurada ambición intervencionista, muestra de su autoritarismo cada día más patente, sigue hostigando a los jueces, despreciando las determinaciones de los órganos consultivos, lo cual es preceptivo y constitucioinal. Oportuno y contundente fue el discurso de SM el Rey, en la entrega de despachos a los nuevos jueces: “Desde la más estricta independencia y teniendo como única guía la ley… los españoles esperamos de vosotros una correcta interpretación y aplicación de las leyes que son expresión de la voluntad popular.” Firme y convincente fue también la intervención de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cuyo alegato, ante el Rey y el Ministro de Justicia, exigió que se respeten los tiempos y las razones de los jueces, advirtiendo que sin confianza en las instituciones “no puede haber convivencia pacífica y democrática”. Y todo ello con una preceptiva incuestionable: la absoluta independencia del poder judicial, principio esencial de la democracia.

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