Menos papeleo para los funcionarios

Que un Ayuntamiento como el de Tarifa, con una plantilla de funcionarios tan limitada, firme acuerdos con los estudios de arquitectura para impulsar los proyectos más importantes de su litoral tiene sentido. Pero que los más poderosos como los de Sevilla y Málaga, con cientos de funcionarios en nómina, externalicen la tramitación de sus expedientes urbanísticos para acortar los plazos de las licencias merece una reflexión, porque se podría interpretar como un fracaso en la gestión. ¿Las tasas que se cobran por las licencias no financian el servicio? Algo hay que hacer cuando se tarda más en obtener luz verde que en acabar la obra. Pero el sector privado no goza de la neutralidad que se le presume al funcionario. ¿Qué sucede para que las gerencias de urbanismo, en su día tan dinámicas, arrastren los pies a merced de una maraña burocrática? Los políticos ven el problema tan enquistado que tiran por la calle de en medio, en vez de chequear la plantilla con sus fortalezas y debilidades para sacarle el mayor partido. A Málaga, que se fijó en Madrid, le sigue Sevilla, y no serán las últimas que encomiendan a terceros el papeleo de las tareas de control del cumplimiento de la norma urbanística.

El objetivo es que los expedientes lleguen limpios a las gerencias en el menor tiempo posible. Y para ello se abre la puerta a empresas privadas que contratan los ayuntamientos para la redacción de licencias y el resto de la tramitación. Los colegios profesionales de arquitectos y, entre otros, de ingenieros industriales, también adecuan la documentación a los requisitos legales a cambio de una compensación económica, que encarecerá el precio de las licencias. Está por ver si les pedirán la misma experiencia y garantías que exige la ley a las empresas especializadas. Y si a sus empleados les impondrán las mismas incompatibilidades que a un funcionario, para evitar chanchullos. Los promotores, en todo caso, ya lo celebran porque a veces hasta la gestión y el asesoramiento les resultarán gratis. Ante las cautelas de los agentes sociales, los ayuntamientos destacan que los expedientes siempre regresan a la mesa de urbanismo de donde partieron para el visto bueno definitivo. ¿Pero quién nos asegura que no caerán igualmente en el olvido, pendientes de la firma del funcionario? Si un informe está mal, el empleado público es responsable en última instancia, aunque también se pidan cuentas a la entidad colaboradora. Los ciudadanos, sin necesidad de ser malpensados, podrían preguntar qué sentido tiene la externalización, a qué se dedican los funcionarios, qué les impide encargarse de la tramitación de licencias y qué harán a partir de ahora. Si para mejorar la gestión, los ayuntamientos sólo optan por gastar, mal negocio para el contribuyente y mala imagen para el funcionario. Los guardianes de la joya de la corona, sobre el papel los más dispuestos a perseguir el fraude, no pueden ser vistos como una figura incómoda, cuyo cometido no está claro.