Regularización ya

Huelva/Casi 700.000 firmas avalaron la ILP para la regularización extraordinaria de las personas migrantes, que esta semana ha desbloqueado, por fin, su tramitación en el Congreso, dos años después de iniciarse su andadura. De ser aprobada, la norma permitirá que más de medio millón de personas dejen de vivir en nuestro país de forma clandestina, en condiciones cercanas a la explotación y sin acceso a derechos básicos. Un objetivo que enfoca hacia un asunto enormemente sensible para la sociedad, pues según el CIS la inmigración ya se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles.

La escalada de esta inquietud no se corresponde con un aumento significativo de la llegada de extranjeros, es el resultado de una masiva campaña mediática, empeñada en crear una especie de pánico y transformarlo en problema político. Da igual que la estrategia sea injusta o que se base en datos falsos, el caso es que ha tenido éxito: inflamada por el relato xenófobo de derecha y ultraderecha, la hipérbole migratoria copa el espacio mediático y absorbe todos los miedos. 

Pero hay otro consenso generalizado que va en dirección opuesta. Por decirlo corto y claro: es que necesitamos a las personas migrantes. Para mantener el Estado de bienestar y asegurar las pensiones dice el gobierno que hacen falta 250.000 inmigrantes anuales, y el Banco de España llega a hablar hasta de 24 millones en los próximos 30 años. Mirando la desastrosa tendencia demográfica española esa cifra se explica sola. Y se explica también que ciertos partidos conservadores estén dispuestos a votar a favor de la regularización… pero vuelvan a vincular en sus enmiendas inmigración y delincuencia. Como el discurso ultraderechista funciona -los votos lo cantan-, lo fácil es no apartarse de él, generar inseguridad.

En realidad, lo que debería causar inquietud es que haya tantísimas personas al margen de la ciudadanía. Vivir sin derechos es vivir amenazado por la marginalidad, por las mafias, tener que buscarse la vida… Ahí es donde salimos perdiendo todos. Lo que garantiza la seguridad no es criminalizar al débil, sino ofrecerle herramientas de inclusión social. La integración llega de la mano de la igualdad de derechos, no hay otra vía. Hagámonos cargo de la inquietud que existe, porque desdeñarla no vale. Pero sepamos también plantarle cara, revertir el relato, responder con propuestas como esta iniciativa ciudadana para la regularización. Es un momento clave. No nos callemos.