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Ignacio Martínez
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Resulta de palmaria y urgente necesidad la solución de los graves perjuicios que han ocasionado las devastadoras riadas que han asolado las tierras valencianas, pero ello no palía la necesidad de analizar y depurar las responsabilidades de quienes son los encargados de demostrar en tan comprometida situación la necesaria capacidad, diligencia y decisión para reaccionar a tiempo y adecuadamente ante los trágicos acontecimientos. No parece que haya sido así por la inadecuada actuación y la falta de coordinación y organización para enfrentarse puntualmente con las devastadoras consecuencias de la catastrófica Dana. Y en este polémico capítulo hay una responsabilidad primordial, la del Gobierno y su presidente a la cabeza que, como hemos visto, no ha estado a la altura de las circunstancias y demostró con su huida del lugar de las protestas, poniendo pies en polvorosa y abandonando a su suerte a S.M. el Rey y al presidente de la Comunidad valenciana. Pudo ver, como dijo, a los “extremistas perfectamente organizados” que le increpaban y que, según la Guardia Civil nada tenían que ver con tal “extrema” militancia. Otro bulo presidencial.
Tan vergonzosa huida venía a confirmar su incumplimiento de un principio constitucional que le compete exclusivamente: la declaración del estado de alarma o emergencia que debe decretar ante la gravedad de los acontecimientos sin necesidad de la aprobación del Congreso de los Diputados y cuando, como se ha publicado “la riada arrasó Paiporta antes de que el Gobierno avisara de la crecida a Mazón” o que Seguridad Nacional avisó a Moncloa doce horas antes de la Dana de “tormentas muy fuertes…” Son algunos de los argumentos esgrimidos en torno as la dejación de unos y de otros – gobierno y generalidad - y de la falta de competencia y responsabilidad por parte de los que, no ahora sino mucho antes, debieran disponer desde sus distintas competencias los medios y las personas – gestores cualificados y expertos técnicos en lugar de políticos - que eviten estas catástrofes en un territorio que, históricamente, ha sido propicio a este tipo de calamidades.
Demostradas las deficiencias en la gerencia hídrica de este gobierno, como la de los anteriores, el origen de esta hecatombe de inundaciones y muerte nos descubre una cruda realidad: el olvido, la dejación, la deplorable gestión en obras hídráulicas - de lo que también sabemos mucho en Huelva – que podrían haber evitado los devastadores efectos de la Dana, cuando, además, no se ha realizado ninguna obra de esta envergadura en los últimos 15 años. No vale rehuir responsabilidades e incumplir la ley renunciando a la gestión que le obliga como presidente, aprovechar la tragedia, el dolor y las calamidades de un pueblo con fines electoralistas, servirse de tácticas saduceas de crear enemigos para desgastar al contrario y mucho menos la mezquindad de chantajear a la oposición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
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