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Magdalena Trillo
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En la bronca por el salario mínimo y su tributación la vicepresidenta Montero pone la razón y la vicepresidenta Díaz la pasión. La razón política y la pasión populista, respectivamente. Se impondrá la primera, quizás con alguna concesión menor a la segunda.
La sangre no llegará al río. Sumar no va a abandonar jamás el Gobierno de coalición porque sólo tiene un lugar al que ir, y no es muy atractivo: a la oposición con muchos menos votos que ahora. De Vicepresidencia y Ministerios a casi la insignificancia. El PSOE tampoco estará por la labor mientras considere que perdería unas elecciones anticipadas. Ni Pedro Sánchez confía en ganarlas. Ahora mismo el único que cree lo contrario es Félix Tezanos.
Es un incidente más en el tortuoso viaje juntos de los socios de la coalición. María Jesús Montero ha aplicado una lógica aplastante: después de subir el Salario Mínimo Interprofesional más del 60% en seis años, éste ha dejado de ser una renta de subsistencia y, por tanto, debe tributar por el IRPF, como todas las retribuciones de los ciudadanos. Poco, porque sigue siendo un ingreso escaso, pero algo más que el mero disfrute de los impuestos ajenos.
Los datos más elementales desnudan la demagogia de Yolanda Díaz. No incrementar el mínimo exento de la declaración de la renta significa que van a pagar el IRPF sólo la quinta parte de los perceptores del salario mínimo aumentado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo (los solteros sin hijos). Abonarán 300 euros al año tras cobrar 700 más que el año pasado. Como injusticia digamos que parece más bien leve. Y permitirá engordar la Hacienda Pública en casi 2.000 millones.
Para demagogia, cortoplacismo y oportunismo, el Partido Popular. No pierde ocasión de meter la pata. Si ve una rendija para desgastar al Gobierno e infligirle otra derrota parlamentaria, allí que irrumpe con armas y bagajes, independientemente de qué se trata y con quién se vota, y con la retórica hueca pertinente: es una injusticia, vivimos un infierno fiscal, el Gobierno le quita a los trabajadores humildes la mitad de su subida salarial (como si el dinero retenido fuera a los bolsillos de Sánchez y Montero), etcétera.
Después de años de congelar prácticamente el salario mínimo y después de vetar el impuesto a las florecientes compañías energéticas (con Vox, Junts y PNV), el PP se dispone a unirse a Sumar para abortar también una medida de sentido común. Vale.
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