Seguridad, ¿de verdad?

Resulta, verdaderamente, incoherente que mientras se concede el tercer grado a terroristas declarados,confesos y sentenciados tal cuales son algunos vinculados al “comando” Andalucía“, usted, yo o cualquier otro ciudadano tendremos a partir del 2 de Diciembre que aportar cerca de treinta datos para registrarnos en un hotel, entre los que se incluyen información como la cuenta corriente, parentesco en el caso de ir acompañados,... no puedo asegurar que no nos obliguen a dar el número de calzado o si la ropa interior es de marca y especificarlo o es de una mercadillo sabatino con logo de imitación. Ya no basta con el DNI, con el siempre hemos creído y confiado, era suficiente garantía para considerarnos ciudadanos integrados en la lealtad al cumplimiento de las leyes. Pues no, querido lector, a todos con el pretexto de aumentar la seguridad se nos considerará individuos a seguir de cerca aunque sea a costa de menoscabar nuestra intimidad pues a nuestro Gobierno, el mismo que concede beneficios penales a terroristas, no le basta con nuestra identidad documentada formalmente. Aquí, no valen ya la protección de datos y la confidencialidad consagradas en las normativas europeas.

¿Qué sucede, pues? Muy sencillo, con el señuelo de la seguridad, se están proponiendo controles más propios de un estado policial que no de un país perteneciente a un colectivo con fronteras abiertas y por una supuesta seguridad se vulnera la propia privacidad en un lugar donde a día de hoy, todo se filtra y no creo necesario poner ejemplos.

Si a esto añadimos que con las pretensiones expresadas, en relación a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, figuran la restricción de algunas funciones policiales, cómo se pueden plantear temas de seguridad al tiempo que aumentan las exigencias en el día a día de los ciudadanos y se promueven indultos, amnistía,... y prebendas penitenciarias a terroristas.

No veo sea así cómo se crea un verdadero clima de “regeneración democrática”, suponiendo que fuera un objetivo sincero y “progresista” porque todo apunta, cada vez más, a una pretensión orwelliana de instauración de la autoridad del Gran Hermano, con su Comité de Censores - como si fueran los “siete magníficos”- encargados de relajar y limitar los delitos de opinión junto con la destipificación de las injurias a la corona y las ofensas a los sentimientos religiosos… por la vía de la reforma de la Ley ya citada.

En resumen, la seguridad colectiva y la convivencia social deben garantizarse con otros medios y no con medidas autoritarias controladoras de la privacidad del contribuyente.