18 de julio 2024 - 03:05

Recuerdo en un discurso de Nicolas Sarkozy, a la sazón presidente de la República Francesa, que afirmaba “Le silence tue”. Efectivamente el silencio en muchas ocasiones tiene esos efectos mortíferos. Mata directamente. Pero muchas veces el ruido, las palabras, según su sentido, pueden herir fatídicamente. Se publicaba hace unos días en nuestro periódico una entrevista con Antonio Conde, Presidente de la Asociación de Politólogos de Andalucía, que ha publicado un libro sobre el municipalismo y los retos presentes y futuros de los ayuntamientos, en la que se destacaba una frase: “En política se busca más el titular de la confrontación que el de la solución”. Cuantos acuerdos, cuantas decisiones políticas, cuanta ley aprobada – en ocasiones a la medida de sus beneficiados - propenden más al enfrentamiento que a la concordia y el consenso.

No parece arbitrarse así cuando se trata de impedir la crítica y la libertad de opinión articulando medios para cercenar la libre expresión e independencia de la información, derecho del que disponemos todos los periodistas, como sostenía en mi columna de la semana pasado. Pero hoy quiero ocuparme de otro método de desinformación y de impedimento a esas libertades que tanto alarman al poder y, al parecer, a nuestro gobierno: el silencio. Silencio al ocultar, muy particularmente por los medios al servicio del ejecutivo – auténticos siervos y perros falderos del poder -, hechos, acontecimientos y evidencias muchas veces cotidianas y reiterativas. Y así se opta, especialmente por canales de mayor audiencia, por telediarios blancos y superficiales, por la fragmentación de la noticia en función de una brevedad que no se aplica en noticias menos trascendentes. En algunos medios autonómicos es de un servilismo descarado y de un provincianismo vergonzoso. Otra estratagema para el encubrimiento, la discriminación informativa y en suma, el silencio cómplice y culpable: acallar a la prensa.

El presidente del Gobierno, bajo cuyo mandato la brecha de la renta per cápita española con la UE ha crecido un 37 por ciento, pasando la diferencia con la media comunitaria desde los 2.720 euros en 2018 a 3.720 euros en 2023, la única y más importante ley aprobada cuya afrenta, al decir de los más prestigiosos juristas, pudo validarse merced a un fraude que exoneraba a quienes habían vulnerado la Constitución, quebrando el principio de igualdad entre ciudadanos y territorios a cambio de sus votos, puede vanagloriarse de esa ruptura de Vox y PP en el gobierno de comunidades autónomas y ayuntamientos, porque la división entre los adversarios le favorece. Debiera hacer pensar al propio ejecutivo, con su habitual perfidia política, a los atolondrados del PP (hora es ya de que definan rotundamente su estrategia en éste y otros comflictos) y al reaccionario y chantajista, con su exceso de populismo y demagogia, Vox.

Sobre todo, para solucionar el problema de la inmigración ilegal, que es lo que importa.

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