El sueldo público

La sorprendente confesión de la consejera valenciana Salomé Pradas, responsable máxima de los mecanismos de protección que debieron haberse activado durante la trágica DANA, reconociendo ante la juez que no tenía experiencia en la gestión de estas crisis, retrata mejor que muchos informes o estudios el modo en que se designa a políticos para determinados cargos. Antes se atiende a los favores debidos o al reparto de determinadas cuotas que a la capacitación que debería ser obligatoria cuando se pone en manos de cualquiera la gestión de la cosa pública.

Nos encontramos aquí a una mujer que, en el corto tiempo en que ‘desempeñó’ su puesto, no tuvo reparos en aceptar el estupendo sueldo que los valencianos todos pusieron en sus manos, pero que ahora pretende librarse de sus supuestas culpas con el gesto cobarde de echarlas sobre las espaldas de los técnicos que “sí tenían la experiencia”. Presumir de ignorancia es un gesto que no habíamos visto hasta ahora en ninguna autoridad, pero que, depende de como le vaya a Pradas en el juicio, podría volverse tendencia.

Hubo un tiempo, felizmente pasado, en que algunos creíamos que cuando se nombraba a alguien para un cargo de gestión de lo público se hacía fijándose en los méritos que el designado atesoraba, al menos teóricamente, en la materia. Eso nos duró tres telediarios cuando vimos que a la misma que tomaba en sus manos la cultura autóctona, por ejemplo, le tocaba en el reparto poco despues la economía o la sanidad. Tipos y tipas que parecían valer lo mismo para un roto que para un descosido, hasta que el roto adquiría el tamaño del diluvio valenciano o, sin ir más lejos, la toma de decisiones sobre asuntos cotidianos.

Este mal, extendido hasta lo indignantemente ridículo en todos los partidos, que llegan a inventarse puestos sin contenido para meter con calzador a multitud de asesores de nada por la simple razón de que pueden hacerlo, no es suficientemente denunciado. La confesión de Pradas no llevará a ninguna fuerza política a interrogarse sobre este comportamiento generalizado y favorecido por el libertinaje permisivo con el que se dispone del dinero de todos. No digo yo que haya que hacer oposiciones para ser nombrado consejero, ministro, director general o jefe de servicio, pero algún modo habría de existir para que el pueblo representado otorgara la idoneidad para ejercer tanto poder, y ganar tanto dinero.