Vejez, dependencia, ELA, futuro

España es el país con mayor esperanza de vida de la UE, concretamente volvemos a situarnos en torno a los 84 años. Esa alta esperanza de vida también tiene como consecuencia un aumento de las personas dependientes; según Eurostat la tasa de dependencia en España aumentará en 27,2 puntos hasta 2050, hasta el 53,8%, mientras que la media de la UE se situará en el 45,8%. Señalo que la tasa de dependencia representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa, por lo que nuestro proceso de envejecimiento como sociedad es bastante acelerado. Esta previsión, que inevitablemente marcará nuestra convivencia y nuestra economía, creo que está siendo ignorada a la hora de marcar las políticas que deben reestructurar nuestro estado del Bienestar.

Ayer se aprobó en el congreso la conocida como ley ELA. La ley, si se llena de contenido y de presupuestos, puede marcar un antes y un después para muchas personas dependientes y para sus familias cuidadoras, pero no olvidemos la génesis de la norma. Tras varios años en la nevera, la capacidad de persuasión y de crear empatía de un enfermo, Juan Carlos Unzué, catapultó una tramitación en el tiempo récord de cinco meses. La frase que recordaremos todos de aquellas jornadas vacías en el Congreso y que sacó los colores a los diputados ausentes será la de: “si algo no tenemos los enfermos es tiempo”, cuyo efecto televisivo y mediático ha sido determinante. En este caso el factor humano ha sido fantástico, pero, ¿podemos sancionar leyes gracias al empeño de un afectado?

Más allá de los enfermos con patologías neurológicas graves, tengo serias dudas sobre cuál es la estrategia de futuro para revitalizar nuestra ley promoción de la autonomía personal, y es que nos asomamos a continuas dilaciones a la hora de afrontar su precaria financiación, y a continuos intentos por transferir sus presupuestos al mercado privado. La citada ley cumplirá 18 años el próximo diciembre, fue promulgada por el gobierno de Zapatero y supuso una auténtica revolución en el ámbito sociosanitario, pero necesita una reforma y un compromiso urgente para mirar al futuro. Debe procurar cuidados compatibles en centros especializados de día y en el entorno familiar; debe procurar que las personas cuidadoras tengan derecho a cotizar; debe huir de la residencia de “masas” como nos enseñó el COVID; etc. Pero, sobre todo, debe ser una línea estratégica aclarada por los partidos políticos para que podamos elegir qué vejez queremos.