El Algarrobico sigue en pie

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba el lunes en la playa donde está construido el hotel Algarrobico que el Gobierno va a proceder al derribo de esta construcción ilegal, en cumplimiento de las múltiples sentencias que recaen sobre la edificación en primera línea de costa. La comunicación y el posterior acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se destinan 7 millones de euros para proceder a la expropiación, han sido acogidos por las partes con división de opiniones. Una declaración de intenciones loable, pero que sólo afecta al 40% de lo edificado, que es lo que se encuentra dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre, sobre el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene competencias. Luego está el suelo de competencia autonómica, el resto de lo cimentado, y sobre el que la Junta de Andalucía ya ha hablado de actuar en numerosas ocasiones, presupuestando, incluso, en las cuentas de 2025 un millón de euros. La conclusión de una pesadilla que dura veinte años no es tan fácil como la pinta la vicepresidenta del Gobierno. Desde que se paralizaron los trabajos, diciembre de 2006, la maraña judicial y administrativa no ha parado de crecer con demandas sobre demandas, con sentencias contradictorias, con procesos judiciales aún inconclusos y, lo que es más importante, sin que se haya definido todavía de forma clara cuál va a ser la indemnización que la empresa constructora, Azata del Sol, va a recibir, si tiene derecho o no a percibirla y quién la paga. La horquilla se mueve desde los 30 a los 200 millones de euros. Esa es la clave. Porque una cosa es cerrar uno de los capítulos más oscuros del desarrollismo atroz de la costa de primera década de los 2000 y otra abonar los daños y perjuicios causados a una empresa que contaba con todos los beneplácitos, licencia incluida, y que pocos se acuerdan que sigue a la espera.