La bronca del Salario Mínimo

La decisión del Ministerio de Hacienda de que, tras la última subida aprobada, los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) empiecen a tributar por IRPF en determinados supuestos ha provocado uno de los enfrentamientos más agrios y profundos entre las dos fuerzas que componen el Gobierno de coalición. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha ocultado ni su oposición a la medida ni su contrariedad por la forma en la que se anunció, con una filtración a un medio pocas horas antes de que se celebrase el Consejo de Ministros que iba a aprobar el incremento. Hacienda esgrime un argumento para justificar la tributación que es difícilmente rebatible: las sucesivas subidas del Salario Mínimo lo han acercado a la mediana estadística del sueldo español, por lo que si el límite exento para declarar continuara de forma indefinida, siendo equivalente al SMI, se resentiría gravemente la estructura recaudatoria del Estado. Por otro lado, aunque se produzca una retención impositiva, la cantidad mensual que van a recibir los trabajadores va a ser superior, en todos los casos, a la que percibían el año pasado. En el pulso político desatado en torno a esta cuestión late, por un lado, el populismo que intenta imprimir Sumar a la gestión social del Gobierno y, por otro, la heterogeneidad de una coalición que es una agrupación de intereses políticos sin un proyecto compartido. No se entiende, tampoco, que el Partido Popular haya tomado en este asunto el camino fácil de la demagogia para sacar provecho de otra posible derrota parlamentaria de Pedro Sánchez, que esta vez sería abandonado no solo por sus apoyos parlamentarios, sino también por sus socios en el Consejo de Ministros. Con toda la bronca creada en torno al Salario Mínimo se transmite a la ciudadanía, una vez más, la impresión de que unos y otros ponen por delante sus estrategias de partido a los intereses de los trabajadores.