Las dos caras de la quita de la deuda

La decisión del Gobierno de conceder a Cataluña una quita sustancial de su deuda autonómica y extender esta medida al resto de las comunidades responde al pago de una exigencia independentista, otra más de una larga lista, que forma parte del chantaje sobre Pedro Sánchez que es el eje de la legislatura. El Ministerio de Hacienda, que dirige la también secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha arbitrado un sistema de modo que no se produzca un agravio comparativo a favor de los catalanes. Para ello mutualiza 80.000 millones de euros que debían las autonomías y que pasan a ser deuda del Estado. Cataluña ve reducida su factura en 17.000 millones, que son fruto del despilfarro y la pésima gestión que se arrastra desde los tiempos del procés. La metodología empleada permite que Andalucía se beneficie en una cantidad todavía mayor, algo que no es en absoluto casual, habida cuenta de la actual posición política de la máxima responsable de Hacienda. Desde esta perspectiva, la oposición de las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera responde a criterios comprensibles. Pero esta cuestión tiene también otra cara que no se puede soslayar. La quita de la deuda permitirá a las autonomías mejorar su margen de maniobra para la gestión de los servicios esenciales que administran y para acudir a los mercados a la búsqueda de financiación. En el caso de Andalucía ello es una necesidad perentoria si atendemos a las reiteradas declaraciones de su presidente de que ya no es posible, con los recursos existentes, dedicar más dinero a la mejora de la sanidad y la educación. Aceptar no es incompatible, sino todo lo contrario, con exigir un sistema de financiación, eternamente aplazado, que no perjudique a Andalucía. Juanma Moreno debe decidir si los andaluces se van a ver más beneficiados por la negativa política a aceptar la reducción de la deuda o por la disposición de recursos que significaría su aceptación.