El crimen de Barbate, un año después

Un año después del terrible suceso que costó la vida a dos guardias civiles en Barbate tras ser arrollados por una planeadora de narcotraficantes no puede decirse que aquel crimen haya servido como revulsivo para la toma de medidas que reduzcan la impunidad con las que las mafias de las drogas llevan tiempo actuando en Andalucía. Más bien todo lo contrario. La pasividad de los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus mandos políticos en el Ministerio del Interior ha sido casi total. Los agentes de la Guardia Civil Miguel Ángel González y David Pérez fueron enviados a una operación en el puerto de Barbate para interceptar a las potentes embarcaciones de los narcos con una tremenda desproporción de medios, apenas una frágil lancha. El resultado ya se conoce: los guardias civiles fueron arrollados y perecieron en el ataque. La investigación judicial sigue abierta, aunque lo fundamental de los hechos y quiénes fueron sus autores ha quedado esclarecido. Pero persiste como en el primer día la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes ordenaron una operación que nunca se debería haber puesto en marcha. Unas responsabilidades que llegan hasta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lleva un año eludiendo un pronunciamiento claro sobre esta cuestión. Pero quizás el perfil más alarmante de este caso esté en que lo ocurrido en Barbate no ha servido para mejorar las dotaciones de los efectivos policiales que se dedican a la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, en la Costa del Sol o en el cauce del Guadalquivir. Los medios con los que cuentan la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía son tan mermados como hace un año y la falta de agentes sigue siendo un lastre para la eficacia. El Ministerio del Interior sigue sin tomar este tema en serio mientras las mafias se adueñan, cada vez más, de la situación.