La independencia de la Justicia

El Consejo de Ministros aprobó el martes una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que persigue la modernización de la carrera judicial en aspectos sustanciales. En teoría, el proyecto, que debe iniciar una compleja e incierta tramitación parlamentaria, tiene objetivos loables y algunas de sus medidas han despertado un apoyo generalizado. Pero como tantas actuaciones de este Gobierno, la iniciativa parece impregnada de un sesgo ideológico y utilitarista para sus propios intereses. Pasó hace unas semanas cuando el Grupo Socialista registró una propuesta para modificar la acusación popular que traslucía una especie de amnistía preventiva para los casos de su entorno más inmediato. ¿Pretende ahora el Ejecutivo con la reforma de la LOPJ caracterizar al judicial como un estamento conservador y enfrentado a los actuales gobernantes? Es ir demasiado lejos, aunque es la tesis de la oposición y sus terminales mediáticas. Medidas como la ampliación de becas para opositores o la puesta en marcha de medidas para acabar con la incomprensión expositiva de muchas sentencias mediante pruebas escritas a los aspirantes parecen poco discutibles. En especial, la primera de ellas, que facilitaría a personas de economías desfavorecidas la posibilidad de preparar las oposiciones. Tampoco parece descabellado el incremento de la plantilla de jueces a través del llamado cuarto turno al que pueden recurrir juristas con un mínimo de 15 años de ejercicio. Otros capítulos sí serían más discutibles, como la modificación de los criterios para la elección de las salas de gobierno. Una reforma del calado que pretende el Gobierno merece un estudio detallado, la aportación del criterio del Consejo de Estado y de las asociaciones profesionales y, sobre todo, de una negociación sin condiciones con el principal partido de la oposición. Aunque no hay muchas esperanzas de que ello ocurra, es conveniente resaltarlo porque lo que está en juego es la independencia de la Justicia.