La subasta de la soberanía nacional

La historia vuelve a repetirse: lo que hace solo unos meses era una exigencia inconcebible porque se salía de la Constitución o afectaba a competencias que el Estado no podía transferir ni delegar se convierte en una norma aparecida en el Boletín Oficial del Estado o en una iniciativa parlamentaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pasó con los indultos a los condenados por la intentona separatista de octubre de 2017 y con la amnistía a Carles Puigdemont. Y pasará con la fijación de un sistema de financiación que le dé un trato preferencial a Cataluña sobre el resto de las autonomías. Ahora ocurre con el traspaso a esa comunidad de la gestión de la inmigración, lo que supone trocear una competencia no transferible y posibilitar que el control de las fronteras se ejerza por las policías autonómicas y no solo por la Policía Nacional. Una vez más, se subasta un trozo de la soberanía nacional a cambio de asegurar los siete votos del partido de Puigdemont que le permiten a Pedro Sánchez seguir vivaqueando en una legislatura imposible. En este caso, se ha cruzado una de las pocas líneas rojas que quedaban de pie y se da a una comunidad autónoma una competencia que incluso en los modelos confederales corresponde en exclusiva al Estado. Se hace por imposición de un partido político, Junts, que en la teoría no puede estar más alejado de lo que defienden los socialistas en materia de inmigración. Puigdemont dirige una formación que se sitúa en la derecha más radical, que considera la inmigración un disolvente de la identidad nacional catalana y que bordea postulados xenófobos. Lo que quiere hacer Junts con los inmigrantes si algún día llega a la Generalitat no será muy diferente de lo que preconiza Vox para España o Aliança Catalana para la propia Cataluña. Que haya sido un Gobierno socialista el que ha hecho esta concesión da idea de dónde ha dejado, una vez más, los principios.