Los derechos de todos los vulnerables

Desde el impacto de la Covid y la visualización de los problemas que afloraron, la sociedad en su conjunto está asimilando la debilidad y la vulnerabilidad como una cualidad que nos define como seres humanos. “No pasa nada por no estar bien”, aceptamos. Este concepto no es ajeno para un defensor del pueblo. La defensa de los derechos de los colectivos vulnerables subyace en nuestra propia definición, hasta el punto de que esta supone nuestra principal ocupación. Tratamos pues los problemas de personas con carencias materiales y de subsistencia (“las cosas del comer”); de los inmigrantes (pobres); de aquellos que malviven en asentamientos chabolistas; de la (ignorada) población penitenciaria; de las personas con otras capacidades (extinto, por fin, el término minusválido) y hasta de colectivos amplios y heterogéneos como las personas mayores; la infancia y la adolescencia, y las mujeres, víctimas de una amplia gama de violencias.

Se trata, sin duda, de colectivos cuyos derechos demandan una protección preferente, como mandata el Estatuto de Andalucía (artículo 41) y la Constitución Española sin olvidar el texto base de estas normas y que constituye la esencia de nuestra misión: la declaración universal de los Derechos Humanos, cuya aprobación hace 76 años conmemoramos este 10 de diciembre. Son estos pronunciamientos vigorosos, reivindicativos, de sociedades que ambicionaron la igualdad y la plena efectividad de los derechos sociales, sin que sus redactores consideraran necesario aludir en su literalidad al término vulnerabilidad, ausente en los articulados.

Como Defensor del Pueblo andaluz –finalizado un segundo y último mandato de cinco años y con la experiencia de uno anterior en la década de los 90– tengo la oportunidad a diario de conocer las preocupaciones de la ciudadanía a través de las quejas y consultas que recibo; las respuestas que las administraciones nos trasladan y los informes e investigaciones que realizamos, donde percibo estas situaciones. Son 30.000 actuaciones al año, más de 80 al día, lo que constituye un barómetro fiable y riguroso. Conocemos la realidad y sabemos por dónde hay que transitar.

Parece evidente que nos enfrentamos a una brecha entre las necesidades sociales y la capacidad de los servicios públicos para dar respuesta a estas. Por ello, a estos colectivos vulnerables “tradicionales” se han unido otras situaciones crecientes de personas que están en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, quienes reciben un diagnóstico sanitario negativo y esperan durante meses una intervención. Las personas dependientes y sus familiares, cuya calidad de vida se ve comprometida por años de retraso en la tramitación de la ayuda. Quienes encuentran dificultades para el acceso o el mantenimiento de un techo digno, en especial para generaciones de jóvenes. Los nuevos excluidos, personas mayores o no, por la brecha digital. Quienes sufren la falta de recursos en sanidad (por ejemplo, psicólogos para los problemas de salud mental) y educación (me detengo en las familias con hijos e hijas con necesidades especiales y trastornos de conducta). O de aquellos que temen las consecuencias de la precariedad laboral y el desafío de la inteligencia artificial.

Aceptamos que todos somos vulnerables ante la emergencia climática, como nos ha demostrado la DANA, y ante el deterioro de nuestra democracia debido a la amenaza de la ultraderecha, que niega no solo derechos consolidados, la aceptación de la diversidad y de la identidad, y la reconciliación con nuestro pasado, entre otras inmoralidades, sino también instituciones como la que represento y que ha cumplido 41 años el pasado 1 de diciembre.

Como la ciudadanía a la cual defendemos, los defensores del pueblo aceptamos que también somos vulnerables, porque todos estamos expuestos al descrédito de la ciudadanía sobre la actuación de las instituciones públicas a causa de la erosión del Estado del bienestar y el aumento de las desigualdades. Nos pueden lastimar o herir, pero mantenemos una convicción clara: las instituciones de garantía de derechos son útiles y eficaces por sí mismas, como voces vivas de reafirmación del Estado social y democrático de derecho y voz de muchas personas que viven situaciones de desigualdad, que carecen de otra forma de hacerse oír y de hacer valer sus derechos frente a una Administración poderosa, con frecuencia sorda y muda.

Porque todos tenemos derecho(s) a disfrutar de servicios públicos de calidad y a sentirnos cuidados y protegidos cuando somos (o estamos) vulnerables.