Educación, memoria y ciudadanía

En el ya largo recorrido de nuestro sistema democrático hay una asignatura pendiente que aún no ha sido posible aprobar en nuestro país. Cada vez que se ha planteado alguna propuesta para que nuestro sistema educativo incorpore de una forma sistemática el conocimiento de nuestra historia en el último siglo, con especial atención al período comprendido entre 1936 y 1977, se ha desatado una polémica que ha desbordado los límites de lo educativo para entrar de lleno en el terreno de la polarización y el enfrentamiento políticos. Es el caso, concretamente, de la aprobación y aplicación de la Ley de Memoria Democrática, así como de su desarrollo por las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. Algo similar ha sucedido con las diferentes normativas dirigidas a la inclusión de la educación para la ciudadanía o de los valores democráticos. Cabría pensar ante ello que hay una parte de nuestra sociedad que no admite la posibilidad de que nuestros adolescentes y jóvenes tengan un conocimiento y una formación cabales sobre todo lo que, de una forma u otra, pudiera contribuir a afianzar y consolidar en la conciencia de la sociedad española el origen, las razones y los beneficios de su adhesión real a la democracia.

Sin embargo, los estudios demoscópicos más solventes y la propia literalidad de las declaraciones de todas las fuerzas políticas nos indican que existe una amplia mayoría social que respalda la superación de nuestro pasado más doloroso así como la confianza en nuestro sistema democrático. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué tanta beligerancia ante la memoria democrática? Más allá de las discusiones académicas y de las interpretaciones históricas sobre esos cuarenta años del siglo pasado, lo cierto es que debería de ser posible que todo el mundo aceptara la verdad de que hubo un golpe de Estado en 1936 que se alzó en armas contra la legalidad republicana, de que el fracaso inicial del mismo dio lugar a una Guerra Civil que terminó en 1939, y de que a esa guerra le sucedieron casi cuatro décadas de dictadura, es decir de un régimen político impuesto por la fuerza, en el que no existían libertades civiles ni derechos de ciudadanía. Como ha escrito Julián Casanova: “A la Guerra Civil española le siguió una larga paz incivil. La dictadura de Franco fue la única en Europa que emergió de una guerra civil, estableció un Estado represivo sobre las cenizas de esa guerra, persiguió sin respiro a sus oponentes y administró un cruel y amargo castigo a los vencidos hasta el final”. Todo ello, continúa Casanova, “transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de prácticas coercitivas y de castigo”.

Aunque esa verdad fuera aceptada hipotéticamente, parece que para algunos resulta más importante justificar de alguna manera el golpe de 1936, resaltar la “normalidad” de la barbarie durante la Guerra Civil, exaltar los “logros” económicos del desarrollismo franquista de los años sesenta, e incluso hablar de reconciliación durante la dictadura. La pregunta que habría que hacerles a todos ellos es: ¿todo lo que sucedió antes de 1936, todas las muertes de los dos bandos hasta 1939, justifican un golpe de Estado y una dictadura de casi cuarenta años que costó muertes, persecuciones y el exilio de miles de compatriotas? Cuando el líder de la derecha española afirma sentir pereza ante la conmemoración de los cincuenta años del fin de la dictadura está dando una respuesta ambigua y, por ello, equívoca, eludiendo su responsabilidad para no afirmar inequívocamente su condena del golpe del 36 y de la dictadura. Ése es el problema, y no la excusa de la polarización, que, por cierto, es la consecuencia inevitable de la deslegitimación sistemática del adversario que esa misma derecha practica a diario. No es pereza, sino miedo a comprometerse activamente contra quienes aún hoy exaltan al franquismo y sus símbolos.

Es esa ausencia de compromiso de la derecha lo que impide que la sociedad pueda pasar página de aquel tiempo de nuestra historia; es esa actitud reticente, cuando no beligerante, frente a nuestro terrible pasado de confrontación civil la que favorece que existan jóvenes que ignoran lo que supuso la dictadura y que puedan percibir al régimen franquista como una inspiración válida para transformar la España de hoy. Si en nuestros centros educativos se enseñara que el golpe de estado y la dictadura llevaron al exilio a científicos como Severo Ochoa, Blas Cabrera, Gregorio Marañón o Arturo Duperier, a intelectuales como María Zambrano, Américo Castro o Julián Marías, y a artistas y creadores como Pablo Picasso, Luis Buñuel o Antonio Machado, al asesinato y persecución de miles de maestros y maestras por el mero hecho de ser republicanos, los jóvenes serían conscientes de la inmensa pérdida de capital humano que privó a nuestro país de avances y progresos que sólo décadas después hemos podido comenzar a experimentar. La recuperación de la Memoria Democrática no es tan sólo una obligación moral de reparación para quienes fueron represaliados y sus descendientes, sino, sobre todo, un deber de superación del enfrentamiento civil para toda la sociedad española de hoy y de mañana.