¿Quién engaña a la clase trabajadora?

En estas últimas semanas hemos asistido, una vez más, a un espectáculo a mi juicio vergonzoso. Me refiero a la no convalidación del llamado Decreto-ley ómnibus, que ciertamente hizo decaer medidas sociales como la subida de pensiones, las ayudas al transporte, etc.

Repasemos. El 24 de diciembre el BOE publicaba el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Dicho decreto ley no era hijo del órgano en que recae la soberanía popular (según la aún no derogada que yo sepa Constitución de 1978), las Cortes Generales, sino obra del Gobierno que, otra vez, se saltaba el procedimiento parlamentario ordinario. Ya en otras ocasiones he criticado con dureza el abuso de este tipo de normas, previstas para situaciones de extrema y urgente necesidad, que en la mayoría de los casos se utilizan para soslayar la división de poderes en que algunos incautos aún creemos. Este decreto ley ocupaba nada menos que 140 páginas de BOE, conteniendo una batería tan compleja de medidas que causan pavor en un jurista amante de normas claras y precisas.

Dicho decreto ley obtuvo el rechazo del Congreso, gracias a los votos contrarios no solo del PP y Vox, sino también de una escuálida minoría que había participado activamente en la investidura del Sr. Sánchez, y que una vez más ha utilizado sus votos para obtener rédito frente al interés ciudadano general. En cualquier caso, a partir de ese rechazo saltaron todas las alarmas, y algunos sindicatos y partidos políticos llamaron a rebato en defensa de la clase trabajadora (“A la calle contra el asalto a los bolsillos de la gente”, rezaba el llamamiento de los dos sindicatos más representativos nacionales a una protesta generalizada ante las sedes del Partido Popular).

No seré yo quien espere de la derecha una defensa a ultranza a la clase trabajadora. Pero tampoco voy a jalear a quienes desde posturas cuando menos poco razonables quieren hacerla responsable de todos los males. Se olvidan de que el decaimiento de las medidas del Decreto ómnibus (algunas muy sensatas y fácilmente asumibles por todos) se debió al empecinamiento del Sr. Sánchez, y con más ahínco de la vicepresidenta segunda Sra. Díaz, en mantener la norma en su integridad, no aviniéndose a negociar (no con las piedras, sino con los grupos políticos elegidos por los españoles) aspectos parciales en que bien pudiera coincidir una mayoría. Si esto era así, ¿por qué se acusó a la derecha y no al Sr. Sánchez o a la Sra. Díaz de no prestarse a aprobar por separado medidas sociales como la subida de las pensiones?; ¿por qué se culpó al PP, Vox y Junts de ello y no a quienes supeditaban esa subida a que se aprobasen a la vez muchas otras medidas que bien pudieran haber dejado al debate parlamentario?

Finalmente, el 29 de enero el BOE publica el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Una versión recortada y seguramente más sensata de la original, que, ahora sí, ha obtenido el respaldo de Junts (¿cuánto nos va a costar?) y aun del PP. Al Sr. Sánchez no le ha importado negociar con quien, cual Jano, es capaz de presentar dos caras, ni tampoco en contra de su socio de gobierno, que le apremiaba a mantener en su integridad todo lo anterior. Tampoco le ha debido de importar mucho a la Sra. Díaz, que de ser coherente con lo que le pedía al Sr. Presidente hubiera presentado su inmediata dimisión (pero recordemos que después de dimitir de sus cargos tras uno de los mayores fracasos de un proyecto de izquierda conocido en nuestro país, dejó claro –al día siguiente– que esa dimisión lo era como dirigente del Movimiento Sumar, no del Ministerio). ¡Cómo se echan de menos políticos de la altura de Antonio Romero!