La expropiación de nuestro Patrimonio

Cuando se quiere negar a un pueblo o nación cultural su derecho a convertirse en nación política el instrumento más eficaz para conseguirlo es hacer desaparecer sus referentes de identidad. A esa operación los antropólogos la denominamos etnocidio (que en algunos casos, pero no necesariamente, puede ir acompañada también de genocidio). El tratamiento de los pueblos aborígenes de Abya Yala (América) o de Australia y, en nuestros días, del palestino y el saharaui son ejemplos, entre otros muchos, de esta estrategia perversa. Pero las políticas etnocidas no se dan solamente en situaciones de colonialismo clásico sino también en el interior de estados con democracias liberales (y se dieron también en las mal llamadas “democracias populares”) desde que, durante los siglos XIX y XX, trataron de construirse como estados nacionales fuertemente unitarios mediante la homogeneización forzada en una única lengua, un único código jurídico, una única religión, una única cultura… En el caso andaluz, el extractivismo económico y político por parte de Castilla y luego del Estado español, que le impuso ser no ya “periferia”, como dicen algunos, sino una colonia interna, vinieron acompañados de extractivismo cultural y de prácticas que no hay que dudar en calificar como etnocidas. ¿O no lo es la nula presencia en las instituciones escolares de materias sobre la historia y la cultura de Andalucía? ¿O la descalificación de nuestras hablas, devaluadas a acento, como propias, supuestamente, de gente analfabeta y sin formación? ¿O la reciente insistencia en que es Madrid la capital del Flamenco?

Aunque todo esto daría para escribir muchas páginas, me limitaré aquí a señalar tres procedimientos mediante los cuales se nos expropia a los andaluces de una parte muy importante de nuestro Patrimonio Cultural. El primero es el expolio directo, como el que hicieron los ejércitos napoleónicos, al mando del mariscal Soult, a principios del siglo XIX: cientos de obras, sobre todo pictóricas, fueron llevadas a Francia como botín de guerra y están hoy en grandes museos y colecciones particulares. Aunque parte de ese tesoro fue devuelto al Estado español en diversos momentos (regalos, por ejemplo, del mariscal Petain a su correligionario Franco), no regresaron a Andalucía sino que permanecen, hoy, en museos e instituciones madrileñas. Como expolio, también, es que la Dama de Baza, tras su descubrimiento en 1971, fuera llevada a Madrid y allí continúe, al igual que otros importantes referentes de nuestra historia: la Lex Flavia Malacitana, los libros árabes de las madrasas que se libraron de la destrucción a los diez años de la conquista castellana de Granada, los objetos tartessicos encontrados en la ría de Huelva, etc. etc. Un escándalo que se convierte en vergüenza si consideramos que la Consejería de Cultura, desde 1991 en que fue aprobada la primera Ley Andaluza de Patrimonio, tiene como mandato imperativo el de “velar por la reintegración al Patrimonio Histórico Andaluz de los bienes de relevancia cultural que se encuentran en otras Comunidades Autónomas del Estado”. Nada se ha hecho en esta dirección, ni en el largo periodo pesocialista en la Junta ni en la actual etapa pepera. ¿No sería ahora el momento, cuando el actual ministro de Cultura ha hablado de “descolonizar los museos”, de cogerle la palabra y exigir del Gobierno central que ponga en marcha una descolonización interior, levantando el secuestro de esos innumerables bienes culturales nuestros?

El segundo procedimiento es el ocultamiento o falsificación de los significados de Bienes Culturales que son referentes de nuestra identidad histórica para que no sepamos por qué somos lo que somos. Ejemplos sangrantes son las nuevas funciones de monumentos “restaurados” cuyos nuevos usos borran la memoria de lo que fueron. Valgan dos ejemplos sevillanos: las Atarazanas, convertidas en un contenedor de exposiciones, y ya veremos de qué otras cosas, sin que nada en ellas recuerde su función de astilleros medievales, y el castillo trianero de San Jorge, reconvertido –sin que, además, reúna condiciones para ello– en un “museo de arte sacro” para que nada evoque su siniestra función de sede de la Inquisición.

El tercer procedimiento es la destrucción física de nuestros Bienes, sobre todo arquitectónicos y urbanísticos, tanto en su vertiente “culta” como popular, sobre todo en nuestras grandes ciudades, en nombre de la modernización mercantilista: ayer al servicio de su majestad el vehículo privado, luego a través de la especulación del suelo y ahora por un turismo masificado y depredador que rompe formas de vida y convierte los espacios culturales en parques temáticos.

Ahora que tantos “políticos de oficio” dicen ser andalucistas (?) y utilizan –eso sí, muy selectivamente– algunos de nuestros símbolos, ¿no habría que exigirles que detuvieran esta destrucción, no respaldaran la expropiación de significados y exigieran la devolución de nuestros Bienes Culturales expoliados?