Por qué estoy a favor de la condonación

Desde hace años estoy a favor de una quita parcial y condicionada de deuda pública autonómica en manos del Estado. Y no por heterodoxia en materia de política fiscal, más bien lo contrario. La mayoría de nuestras Comunidades Autónomas (CCAA) y algunos Ayuntamientos llevan más de una década instalados en las aguas pantanosas del riesgo moral y los rescates financieros encubiertos. Y una condonación, bien diseñada, no como la propuesta, en el peor de los casos rompería la ficción con la que se convive en este asunto, y en el mejor sentaría las bases para una gobernanza fiscal más sólida. En lo que sigue pretendo argumentar mi posición en este sentido.

Los actuales mecanismos “extraordinarios” de financiación empezaron a funcionar en 2014. Organizados en varios compartimentos, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es el más conocido. En esencia, se trata de préstamos del Estado a las CCAA que los solicitan para cubrir amortizaciones de deudas anteriores y los déficits en que incurran, incluso más allá de los fijados como objetivos fiscales (el llamado extra-FLA). Las CCAA se comprometen a ejecutar un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de dichos objetivos y la devolución de los préstamos recibidos.

Pero la realidad discurre por cauces diferentes y singulares. Tanto los préstamos del FLA como los planes de ajuste se van renovando de manera casi automática, sin una verificación estricta de su cumplimiento y con una manifiesta ineficacia para cumplir su papel y desaparecer. El Estado presta a las CCAA en unas condiciones ventajosas que no encontrarían en los mercados y, de hecho, a tipos de interés sustancialmente inferiores a los que deben pagar las que no se acogen a estos mecanismos: Comunidad de Madrid y las forales. El importe de esta subvención a los tipos de interés autonómicos asciende a varios miles de millones de euros, que pagamos todos los españoles, excepto los que viven en las forales.

En estas condiciones, muchas CCAA llevan años cobijadas bajo el paraguas del FLA y similares, sin incentivos a buscar financiación de manera ortodoxa en los mercados. Se trata de un círculo vicioso: “como tengo mucha deuda solo me presta el gobierno y no parece importar cuánto y ni hasta cuándo”. Transitar hacia volúmenes sostenibles de deuda pública y ser aceptado en los mercados financieros, requeriría años de superávits presupuestarios fuera del alcance de la mayoría de las CCAA. También de la Junta de Andalucía.

Llegados a este punto, considero que la única posibilidad realista de que las CCAA abandonen esa dependencia del Estado como banquero es a partir de una quita de deuda. Pero no como la propuesta por el gobierno. Lo que estamos viendo estos días es un funambulismo de criterios para alcanzar los resultados políticamente deseados, sin importar su coherencia en conjunto. De partida, la forma de medir el impacto del ciclo económico sobre las finanzas autonómicas no es correcta: se basa en supuestos muy discutibles e ignora la principal metodología con que contamos al respecto: la estimación del saldo cíclico. Los criterios de reparto generan resultados sorprendentes: Cataluña se beneficia en términos per cápita al mismo nivel que las CCAA infrafinanciadas, cuando no lo está; Canarias, que no tiene un problema de deuda, es la que recibe el mejor tratamiento proporcional.

Pero al hilo de mi reflexión, lo más grave de todo es que el plan de condonación no resuelve el problema de riesgo moral y ausencia de disciplina fiscal existente. Realizar una condonación de deuda sin establecer una estricta condicionalidad fiscal, no la de los vigentes planes de ajuste, es regalar dinero de los contribuyentes de manera discrecional. Los incentivos a endeudarse más se refuerzan. Y presentarlo como una forma de mejorar la financiación de las CCAA es confundir causas (mejorable sistema de financiación) con consecuencias (endeudamiento excesivo de muchas CCAA).

Llevamos seis años sin reglas fiscales operativas. En esas condiciones, pretender ejercicios voluntaristas de disciplina fiscal es ciencia ficción. Una condonación no es la solución óptima pero sí la más realista y viable. Supone añadir una dosis adicional de riesgo moral al ya existente. Pero esta amarga medicina puede administrarse de manera sensata. Con condicionalidad fiscal y ampliando la discusión a la financiación autonómica, con lo que se ganarían márgenes de negociación, además de abordar los problemas de origen.