Contra nuestros hijos

El pacto del sanchismo con parte del separatismo catalán es anticonstitucional y un ataque al Estado social. Es un acuerdo lleno de falsedades donde no solo se contemplan abiertamente el referéndum o un servicio exterior propio, sino también selecciones deportivas que compitan a nivel internacional. Si es contra España, mejor. El votante sanchista nos acusará de estar de nuevo con la matraca. ¡Menudos fachas! Ni en verano descansan. Calma, puedo invocar una consecuencia clara y difícilmente discutible: este preacuerdo atenta gravemente contra el futuro de nuestros hijos.

Pongamos un ejemplo. Cabría pensar que “el Gobierno más progresista de la democracia” subordina, entre otras cosas, la financiación de medicamentos contra el cáncer a perdonar la deuda generada por los separatistas catalanes, principalmente a causa de una gestión muy deficiente de los recursos públicos. Las enfermas de cáncer de mama metastásico recogieron más de 80.000 firmas para presionar al Ejecutivo con el fin de disponer de dos medicamentos de eficacia probada. Sin respuesta. Pero, no se alteren. Lo importante es dotar con estructuras paraestatales a los que expulsaban a policías de hoteles o no los querían vacunar; a los que dicen que repetirán el golpe de Estado y someten a los catalanes no nacionalistas a un ambiente de opresión irrespirable. Se piensan gastar 200 millones al año para promocionar el catalán, pero, según informaciones periodísticas, no tienen 20 para financiar estos medicamentos.

Este Gobierno tan progre y feminista establece un principio que, llevado a sus últimas consecuencias, haría que los habitantes de Sotogrande tuvieran derecho a que sus impuestos repercutieran directamente sobre ellos y, además, les permitiría reservar un mínimo para solidaridad con el resto de la provincia de Cádiz, decidido por ellos mismos. Puro neoliberalismo fiscal. ¡Milei apúntatelo!

El sanchismo tranquilo de Page dice no sé qué de inaceptable. Bueno, lo mismo que con la amnistía, mientras que el sanchismo militante andaluz ha afirmado que pedirá lo mismo para Andalucía. Es decir, una agencia tributaria propia, la selección andaluza de fútbol y una red de embajadas. Estamos erequetesalvados.

Debido a la progresividad fiscal, los contribuyentes con más recursos y que tributan, por tanto, más, no reciben del Estado unas prestaciones equivalentes. Esta filosofía de izquierdas implica que un Estado social debe redistribuir y orientar el gasto hacia servicios públicos que apoyen a los estratos más necesitados de la población estén en Madrid, Sevilla o Gerona. Trocear la Agencia Tributaria supone el fin de los servicios públicos en España y someter el bien común al individualismo egoísta de las taifas autonómicas.

Ya vivimos este tipo de discriminación, aunque constitucionalmente sancionada. País Vasco y Navarra gozan del doble de recursos para gastar en sus habitantes que Andalucía, por ejemplo. Ellas mismas promocionan este privilegio cuando anuncian que gastan por alumno el doble que otras autonomías. Cuando las diferencias ya existentes entre el bienestar de unos españoles y otros, de acuerdo con su lugar de residencia, se amplíen de forma dramática, se consumará el colapso estatal.

El sanchismo nos da la oportunidad de asistir en primera fila a la demolición de un Estado social y democrático de derecho desde sus entrañas. Es un Gobierno cada vez más autoritario, reaccionario y antisocial, obsesionado por favorecer el tan prepotente como torticero relato separatista y convertirnos, a corto plazo y por la vía de los hechos consumados, en un Estado fallido con instituciones en la UCI. No hay más que ver cómo se expulsa a la Guardia Civil de puertos y aeropuertos y se vacía de competencias a la Administración General del Estado, por no hablar de los constantes ataques a la separación de poderes, cuyo guion repite la retórica nacionalista de estos años.

Vivimos en un Estado del bienestar en retroceso. La pobreza infantil (28%), el paro juvenil (28,36%, líder de la UE), la imposibilidad de llegar a fin de mes (España ocupa el segundo lugar de la UE en trabajadores pobres), la degradación de la sanidad o las carencias en la educación son problemas reales para los que el Ejecutivo no parece tener tiempo. Será cosa de la fachoesfera. No sé usted, pero cada vez es más caro comer y en el super se incrementan los productos encerrados en cajas de seguridad. Pero para el sanchismo, y sus apéndices políticos, orgullosamente prochavistas, la economía va como un cohete, la amnistía no implica desigualdad y los cupos fiscales son solidarios.

Ya lo dijo el Tribunal Supremo en un reciente auto referido a la ley de amnistía: “la norma cuestionada repugna (…) a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone”. Arbitrariedad, desigualdad y colapso institucional. Un Estado en demolición. Ese es el futuro del sanchismo para nuestros hijos. ¿Se lo vamos a permitir?