La necesidad de concertar el Bachillerato

Durante la campaña electoral de 2018, el Partido Popular, que entonces aspiraba a la presidencia de la Junta de Andalucía, se comprometió a concertar el Bachillerato en aquellos lugares donde existiera demanda social. Sin embargo, y siete años después, la realidad dista mucho de esa promesa. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional argumenta que no hay necesidad de escolarización para justificar su negativa a concertar un número significativo de unidades de Bachillerato en nuestra comunidad. Pero, ¿cómo puede sostenerse tal afirmación cuando nuestras 289 unidades de Bachillerato están ya en pleno funcionamiento, atendiendo a miles de estudiantes? Si estas unidades dejaran de operar, el sistema público no podría absorber a todos estos alumnos, que se tendrían que marchar fuera de su entorno y abandonar una línea educativa de la que están satisfechos sus padres y ellos mismos.

Las familias andaluzas demandan nuestros bachilleratos porque valoran la continuidad en la línea educativa que ofrecemos. En un sistema educativo en el que se promueve la inclusión y la equidad, resulta contradictorio que muchas familias se vean forzadas a cambiar de centro por motivos económicos. Hay padres que realizan un esfuerzo considerable para mantener a sus hijos en nuestros colegios, pero otros, simplemente, no pueden permitírselo y realizan un esfuerzo económico que no deberían realizar si el Partido Popular hubiese cumplido su promesa. Esta situación genera una segregación educativa por razones económicas que podría evitarse con la concertación de estas unidades, garantizando así la igualdad de oportunidades y el derecho de las familias a elegir la educación que desean para sus hijos.

Desde Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), estimamos que el coste de concertar estas 289 unidades sería de aproximadamente 26 millones de euros. Esta cantidad, aunque significativa, es mínima si la comparamos con los más de 200 millones que la Comunidad de Madrid destina a becas para la enseñanza postobligatoria. En total, sumando las solicitudes de todas las patronales, el coste de las unidades de Bachillerato solicitadas ascendería a aproximadamente unos 30 millones de euros. Otras comunidades autónomas, como Murcia y Valencia, han procedido a concertar el Bachillerato a pesar de contar con presupuestos similares o incluso más ajustados. No podemos aceptar la excusa de la falta de recursos económicos cuando se trata de atender una necesidad real y de garantizar la estabilidad educativa de miles de alumnos.

Además del Bachillerato, también hemos solicitado el concierto de 112 unidades de ciclos formativos de Formación Profesional, 171 aulas de apoyo a la integración y 17 de Educación Especial. Estas etapas educativas desempeñan un papel fundamental en la formación de los jóvenes y en la inclusión de los alumnos con necesidades especiales. Sin embargo, prevemos que la respuesta de la Consejería será igualmente negativa. A pesar de las declaraciones públicas sobre la importancia de la Formación Profesional Dual y la atención a la diversidad, las acciones no reflejan estos compromisos.

Como secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía, me veo en la obligación de expresar nuestra profunda preocupación ante esta situación. La concertación del Bachillerato y otras etapas educativas no es solo una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia y respuesta a la demanda existente. Es hora de que la Junta de Andalucía cumpla con sus promesas y atienda las necesidades reales de las familias andaluzas. Desde Escuelas Católicas de Andalucía, seguiremos trabajando incansablemente para que esta reivindicación legítima sea atendida.