El Ayuntamiento multa con cien euros a la Plataforma por el Agua

La Plataforma por el Agua de Bollullos par del Condado ha recibido una notificación por liquidaciones del Ayuntamiento local por la que le exige el abono de 100 euros en concepto de reparto de buzoneo y publicidad. La Plataforma quiere hacer saber a la opinión pública que los documentos informativos que viene distribuyendo en Bollullos como oposición al proceso de privatización del agua se realizan y se seguirán realizando en mano y puerta a puerta. En cualquier caso también hace saber que hará frente al referido pago.

La Plataforma entiende que el Ayuntamiento intenta, con esta sanción, "tapar la boca a quienes vienen informando a la ciudadanía de Bollullos de las nefastas consecuencias que va a tener el proceso de privatización del agua". Por otro lado lamenta la actitud del alcalde, Francisco Díaz Ojeda, que "niega sistemáticamente cualquier atisbo de diálogo con la plataforma, niega la utilización del salón de actos del Centro Cívico y, ahora, multa a quienes no comparten su manera de hacer política".

Por último, la Plataforma anuncia que seguirá tomando cuantas medidas informativas y de presión sean necesarias "para hacer ver al actual equipo de Gobierno su grave error: los más de 1.000 manifestantes y las más de 2.500 firmas recogidas hasta la fecha son el mejor apoyo para seguir adelante".

Por otra parte el pleno bollullero aprobó ayer dos expedientes de transferencia de créditos presupuestarios que habrán de dar cobertura al pago del personal contratado de forma eventual y al arreglo de dos caminos rurales. Dado que la medida tiene carácter cualitativo y, por ende, no modificará la cuantía ni el corpus presupuestario, la partida se realizó con cargo al capítulo de gastos financieros.

El equipo de Gobierno, según el portavoz popular, Francisco Martín, defendió la medida como un medio natural de aplicar rigor a las cuentas. En este sentido hizo suyas las palabras del interventor para subrayar que a efectos contables la medida sólo puede ser calificada de "positiva", en tanto en cuanto que reduce la consignación destinada a principios de año a gastos financieros.

De este modo, aprovechó su alocución para arremeter contra los socialistas, a los que acusó de "gastar durante su gestión municipal hasta 14 millones de euros sin consignación". En este sentido enfatizó en que este es el camino correcto para proceder en democracia y seguir los preceptos que marca la ley de régimen local. Los socialistas, por su parte, realizaron una lectura diametralmente opuesta y tacharon la modificación como una falta de previsión al no medir de forma fidedigna las necesidades de contratación de personal eventual. Durante su exposición la edil socialista, Chari Rosado, defendió su anterior gestión municipal, aludiendo que el actual equipo de Gobierno también ha incurrido en pagos extrapresupuestarios, algo que consideró "habitual cuando surgen obligaciones de pago que no se encuentran previstas y, sin embargo, no pueden ser demoraras".

Este fue sin duda el tema estrella de una sesión extraordinaria que, por lo demás, estuvo preñada de diversos puntos que constituyeron simples trámites que limitaron el debate a meras puntualizaciones por parte de los distintos grupos políticos. Uno de estos subrayados puntos fue brindar formalidad, tras el pertinente sorteo, a los miembros que compondrán las mesas electorales de cara a los próximos comicios europeos.

Otro de los puntos despachados de forma fugaz fue la aprobación oficial del padrón de habitantes a primeros de años, el cual ha quedado fijado en 13.905, por lo que el municipio sufre así un descenso de 18 ciudadanos con respecto al anterior ejercicio, por lo que Bollullos continúa sin romper y superar la barrera de los 14.000.

Con la abstención del PSOE se saldo otras mociones como el apoyo al sector corchero, en la cual se insta al gobierno central a definir un plan de apoyo para estas empresas. De igual modo y a instancias del PP se pidió que se inste al Consejo de Gobierno de la Junta a fijar un calendario de pago del 50% de la deuda histórica, como medio de que las corporaciones locales dispongan de mejor financiación.

13.905