Mª Carmen Gey, una de las víctimas de la venta ilegal

El presidente de la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco y Timbre denuncia que "algunos estanqueros lo están pasando realmente mal y ya el negocio no les da ni para subsistir".

Ese podría ser el caso de la estanquera cartayera Mari Carmen Gey, que hace un mes se vio obligada a clausurar su negocio "entre otros motivos por el contrabando de tabaco ilegal".

Así lo puso de manifiesto la propia estanquera, que lamentó el "acoso y derribo" que viene sufriendo, sobre todo desde el año 2010, que según afirmó es desde cuando se está padeciendo en la provincia de Huelva "el contrabando masivo de tabaco". Además, este hecho ha coincidido en el tiempo con las "férreas inspecciones" de Hacienda hacia un sector en el que "vio un filón", denunció Gey.

Por ello no tiene duda de que en el cierre de su estanco han confluido dos factores: las inspecciones de Hacienda y el comienzo de la venta de tabaco de contrabando en una casa de Cartaya. Ante este segundo hecho "investigamos un poco y dio la casualidad de que el que vendía el tabaco era amigo de un Guardia Civil y conocido mío" por lo que "hablé con el Guardia Civil y le pedí que hiciera el favor de decirle a su amigo que estaba vendiendo contrabando. Y supongo que hablo con él ya que a la semana dejó de vender".

Sin embargo, aseguró que "una vez que este señor dejó de vender se pusieron dos casas más a ello en la barriada Reina Sofía y en la calle Tranquilidad", de lo cual "se informa al cuartel de la Guardia Civil". Tras comprobar que la venta ilegal no cesaba, acudió a Aduanas, donde contactó con un agente al que informó sobre el asunto y cuya respuesta, asegura la estanquera, fue que "ellos frente a las casas-estanco no pueden hacer nada, ya que es un juez quien tiene que dar la orden para entrar. Aun así -prosiguió- decido darles información sobre quienes venden y posibles sitios donde compran la mercancía, poniendo así mi vida en peligro ya que lo que se descubre es que son organizaciones criminales muy bien organizadas con una logística parecida a la de los narcotraficantes".

Al no fructificar esta vía decidió acudir a la Policía Nacional, donde tras una larga espera asegura que le dijeron que "no iba a poner esa denuncia allí, que si quería, que fuese a la Policía Local. Ese mismo día -continuó- se informó personalmente y se entregaron nombres, apellidos y direcciones en el cuartel de la Guardia Civil de Cartaya", donde le dijeron "no tener constancia de tal actividad. Algo sorprendente ya que uno de los puntos de venta linda con el propio cuartel", denunció.

La impotencia llevó a la estanquera a ponerse en contacto con la Policía Fiscal "obteniendo una buena respuesta y siendo los únicos que nos consta se han implicado". No obstante, "nos dicen que es imposible entrar en las casas-estanco sin una orden del juez, aún sabiendo la cantidad tan grande de tabaco que mueven" por lo que finalmente "decidí acudir al juzgado de Ayamonte y denunciar a una de dichas casas". Tras esperar "sin respuesta" acudieron a hablar personalmente con la jueza que llevaba el caso, a la que aseguró contaron "más detalles" y quien les dijo que haría "todo lo posible". Pero siguió pasando el tiempo "sin obtener respuestas", por lo que "acudimos por segunda vez y se niega a vernos" aseguró la estanquera. "Tras un mes sin respuesta, acudí por última vez al juzgado, enterándome que la jueza había archivado el caso". Ante esto "mi marido intenta que hable con él, pero se niega", por lo que le recomendaron que se leyese bien la denuncia, "subrayándole un párrafo de ésta en el que se hace constar con denunciar por prevaricación si no se aplica la ley en ninguna de sus formas". La jueza entonces "sí atendió, y responde que no se la amenace, que ella no ve ni delito ni falta, y que daría orden de informar a Aduanas".

Mientras tanto, aseguró, el comercio ilegal de tabaco en Cartaya seguía creciendo y a día de hoy "hay constancia de que en menos de cien metros a la redonda de mi estanco existen ocho casas-estanco". Una situación de "desamparo" que llevó a esta estanquera cartayera a acudir a la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco y Timbre, ante la que puso de manifiesto su situación "y me consta que la de otros estanqueros de la provincia". No obstante, la respuesta fue la misma: "No se puede hacer nada", a pesar de lo cual, "mi insistencia hizo que se mantuviesen algunos encuentros".

Las consecuencias de todo esto, concluyó visiblemente emocionada la estanquera cartayera, es que "tenía un negocio totalmente legal, al día en mis pagos, dentro de las normativas y leyes de este país y, al parecer, esto es lo que me ha llevado a la ruina, puesto que me he quedado sin negocio y arruinada y los que me han llevado a esta situación están tranquilamente ganando un dinero ilícito".