El Condado un mes después: ni cierre de pozos ni trasvase de agua

Huelva/Sin novedad en el frente. El conflicto de los regantes del Condado sigue en stand by tras la rebelión que se produjo hace ahora un mes. Eso sí, la labores de vigilancia continúan.

Parece que el tiempo se ha detenido. Atrás han quedado las prisas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por cerrar los pozos de extracción de agua para el riego de cultivos, tras el inicio de la tramitación para declarar La Rocina, Almonte y Marismas como masas de agua subterránea, en riesgo de no alcanzar el buen estado. Una medida que exigirá la creación de comunidades de usuarios regantes y la elaboración de un programa de actuación que ordene las extracciones y coordine las medidas para garantizar el uso sostenible del recurso.

La premura de cerrar los pozos se materializó con la clausura de sondeos situados en una finca del entorno de La Cañada, en el término municipal de Almonte, propiedad de una multinacional agroalimentaria.

Esta actuación debía completarse con el sellado de los 77 pozos sancionados en terrenos públicos de Lucena del Puerto antes de finalizar este mes de julio. En concreto, 66 pozos en El Gago, 4 en Casa Beas y 7 más en el paraje denominado Magín. Era un paso más del “trabajo que viene desarrollando el organismo de cuenca para garantizar el uso sostenible del acuífero”, argumentaron los responsables de la confederación.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir decidió nuevamente pasar a la acción y retomar la clausura de pozos, está vez en el municipio de Lucena. La fecha quedó establecida para el 24 de junio. Conocedores de ello, agricultores y vecinos de la localidad y de otras de la comarca decidieron no quedarse quietos.

Sobre las ocho de la mañana, cientos de personas se concentraron en el paraje El Gago a la espera de la llegada de los técnicos de la CHG que, acompañados por agentes de la Guardia Civil, ante la masiva protesta desistieron y no llevaron a cabo la actuación.

La concentración se produjo a pesar de que un mando de la Guardia Civil informó a los presentes de la apertura de un informe y que la próxima vez se trasladarán de nuevo a la zona con una orden judicial y que no se permitirá que vuelva a producirse el bloqueo.

Agricultores y vecinos consideran que el cierre de las extracciones supondría la ruina para el pueblo que da empleo agrícola y que vive de la agricultura, de ahí que decidieran impedir el sellado.

El colectivo supedita la clausura a la llegada de agua al Condado procedente del trasvase desde la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Gualdaquivir aprobado por el Gobierno central.

Los agricultores aseguran que son los primeros interesados en que se cierren los pozos y por eso “llevan reclamando agua superficial desde hace décadas”.

No fue la única acción que realizaron. Los regantes acordaron también establecer un dispositivo de vigilancia, durante las 24 horas, para evitar el sellado de los sondeos, que se realiza en ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenaba hacerlo al Ayuntamiento de Lucena y, subsidiariamente, si éste no lo llevaba a cabo, como así ha sido, a la CHG.

Los productores de frutos rojos han establecido relevos para mantener la atención, en una zona acotada de 25 hectáreas, con el fin de dar la alarma nada más que divisen la llegada de vehículos de la CHG para volver a concentrarse e impedir la acción de los técnicos. Algunos de ellos están apostados en sitios estratégicos y cerca de los pozos y otros circulan en sus automóviles por la vía agropecuaria.

Los agricultores sostienen que la propia Junta de Andalucía incentivó los regadíos en el Condado a través de subvenciones para el cultivo y la modernización de fincas y que los pozos primero fueron permitidos y después vino la ley con la que pretenden clausurarlos

El colectivo está a la espera de que el Gobierno autorice el trasvase de 1,6 hectómetros cúbicos al Condado para permitir la llegada de agua a 318 hectáreas, que son regables y cuya obra para hacerles llegar este recurso se realizó en 2015.

El secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, aseguró ayer que el Gobierno “no amparará lo que esté fuera” del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana y del control de las extracciones de agua. Morán mantuvo un encuentro con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, al que asistió el presidente de la CHG, Joaquín Páez, para avanzar en la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos al Condado.

Según el secretario de Estado, el plan de regadíos y el control de extracciones son “las principales herramientas que permitirán consolidar la actividad agraria en la zona” y planificar este sector “respetando los límites que están establecidos”.

Sobre el cierre de pozos en Lucena, tanto el Gobierno central como el autonómico han reiterado su respeto a la decisión judicial y a su cumplimiento.