Condenados a un año y medio de prisión por abastecerse usando pozos ilegales en Doñana

Almonte/La denuncia de WWF ante la Fiscalía (investigación llevada a cabo por el Seprona) por la extracción ilegal de agua subterránea para el riego de cultivos en Doñana deja dos nuevos condenados en Huelva. En este caso se trata de la acción ilícita de dos responsables de la empresa palerma Fres González García SL sobre una finca que poseen en el término municipal de Almonte, lo que les ha acarreado una pena de año y medio de prisión.

Después de alcanzar un acuerdo de conformidad, los dos empresarios han asumido en el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva la autoría de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, "con grave riesgo de perjudicar gravemente al equilibrio de los sistemas naturales", como consta en el comunicado remitido a Huelva Información por la Fiscalía de Huelva.

Para alcanzar este acuerdo, el Ministerio Público ha tenido en cuenta que los dos acusados habían cerrado "siete pozos y una captación de agua" en noviembre de 2018, antes de la celebración del juicio.

Asimismo, ha valorado que ambos hayan admitido todos los hechos, "colaborando con la Administración de Justicia, así como han renunciado a sus pruebas de defensa". Esto ha hecho que la Fiscalía les haya apreciado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de confesión tardía.

La condena impuesta a los empresarios agrícolas quedarán suspendidas durante dos años si cumplen la condición de "no cometer ningún delito y abonar en ese plazo el total de la indemnización". También se han comprometido a clausurar el resto de pozos y captaciones existentes en la finca almonteña.

Más allá de las penas privativas de libertad, los autores de la extracción ilegal de agua para riego de un territorio tan sensible y protegido como el de Doñana deberán abonar una multa de 1.800 euros y quedarán inhabilitados durante seis meses para el ejercicio de su profesión en el ámbito agrícola.

En paralelo, la propia empresa, Fres González García SL, también ha sido condenada a una pena de multa, en este caso de 6.000 euros.

Los dos responsables de la compañía deberán además indemnizar "por los daños" a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con una cantidad que habrá de determinarse por el titular del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, Santiago Muñoz, en la sentencia. No obstante, el Ministerio Fiscal avanza que la cifra "rondará los 70.000 euros.

El organismo de cuenca deberá dedicar este montante de la responsabilidad civil "a la mejora del Espacio Natural Doñana".

La CHG consumó el pasado verano el cierre de pozos agrícolas en Lucena del Puerto, un centenar según los agricultores que se pusieron en pie de guerra en junio para tratar de evitarlo. De este modo se dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ordenó la clausura de 77 pozos sancionados en terrenos públicos luceneros.