El Consistorio pagará 5.000 euros de multa por un enganche ilegal de luz

El Ayuntamiento de Aroche ha accedido a asumir el coste (5.000 euros) de las sanciones por el enganche ilegal de luz de una promoción publica ejecutada por la empresa municipal Emdaro Aroche. La decisión se adoptó tras las quejas de media docena de arrendatarios de la urbanización, a los que la compañía eléctrica les negaba el acceso a un contrato de suministro debido a la acción fraudulenta, supuestamente acometida por la institución municipal.

Según contaron a este periódico los afectados, el problema encuentra su génesis en la decisión del equipo de Gobierno de prometerles facilidades en el acceso a la vivienda: 300 euros de alquiler; posibilidad de acogerse a subvenciones del 40% por este importe; y "luz de obra" durante el tiempo en el que adecentaban su hogar y procedían al montaje de la cocina y muebles de la casa.

Los problemas surgieron a posteriori. Tras varios meses los arrendatarios dieron el paso de formalizar su preceptivo contrato y comprobaron que esa luz de obra era realmente un enganche ilegal. La compañía eléctrica les comunicó entonces la imposibilidad de atenderlos como cliente, debido a que la empresa distribuidora detectó "anomalías" que impedían ofrecer el servicio en las condiciones normales. Cuando acudieron a esta compañía se les notificó que tenían una sanción por enganche ilegal, privándoles de la posibilidad de acceder al suministro en tanto en cuanto no abonasen el importe de las sanciones que superaban los varios miles de euros.

Los arochenos afectados, la mayoría de ellos residentes en la calle Campo de Marte, descargan toda responsabilidad, explicando que únicamente el encargado municipal y la compañía suministradora disponen de las llaves del contador de la urbanización, desde la que proceder al enganche.

Aunque en un primer momento el Ayuntamiento se negó a asumir su coste, finalmente la presión vecinal lo obligó a negociar con la empresa eléctrica un acuerdo económico, asumiendo su responsabilidad y el importe de las sanciones correspondientes.

El alcalde, José Antonio Muñiz (PSOE), achacó la situación a una "anomalía que no detectó el Ayuntamiento, reconociendo explícitamente que no ha existido una manipulación expresa de los vecinos para consumir electricidad sin pagar. "Imagino que cuando se hicieron las comprobaciones con luz de obra algunas de estas viviendas quedaron conectadas" al cuadro eléctrico. Reconoce que no han investigado quien pudo haber cometido la negligencia, si bien ensalzó la resolución del problema y "la asunción de los costes de compensación fijados por la empresa".

La portavoz del PP en Aroche, Carolina Charneco, lamentó "los perjuicios ocasionados a los inquilinos tras una "negligente" acción por parte del alcalde, "que ha mantenido un enganche ilegal en vez de la prometida luz de obra". Una praxis que ha ocasionado sanciones por parte de la compañía eléctrica que, en última instancia, asumirá el Ayuntamiento, "lo que representará un perjuicio económico para todos los ciudadanos".

Charneco adelantó que "pedirán al alcalde responsabilidades y reclamarán información de la situación financiera de Emdaro, después de que "en este tiempo se nos haya coartado la posibilidad de tener acceso a la información de la empresa pública".

Emdaro Aroche tenía como fines impulsar el desarrollo y la diversificación económica del municipio, promoviendo suelo industrial y residencial, a la par que actuando en la planificación gestión, promoción, urbanización y construcción de activos inmobiliarios. Su gran apuesta inmobiliaria fue levantar 107 viviendas en los terrenos del antiguo campo de fútbol. De esta cifra, 71 pisos serían comercializadas en régimen de alquiler para personas con bajos recursos económicos. El resto, 36 adosados, saldrían a la venta.

Con unas deudas hipotecarias de ocho millones de euros, el Ayuntamiento optó por poner en alquiler la totalidad de la promoción con facilidades en el pago. A pesar de las deudas que acumula la empresa pública, el alcalde defiende la operación inmobiliaria puesto que el valor de tasación de la urbanización asciende al doble de la hipoteca, mientras que el Gobierno de España y la Junta abona parte de los costes a través de subvenciones al promotor. Sin embargo, Muñiz reconoce que la administración autonómica lleva dos años sin abonar el pago de estos compromisos. "Según nos dicen estamos a la espera de que se presente el Plan de Vivienda donde se reconocen los pagos a las inmobiliarias públicas", apostilló el regidor.