El Defensor del Pueblo constata una gran alarma social por el vertedero

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, afirmó ayer que espera que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía "cumpla con el compromiso de que no entren residuos peligrosos procedentes de otros países" en el vertedero que gestiona la compañía Befesa en el término municipal de Nerva, y apuntó que "es una queja que ya está en marcha".

Esta ha sido la respuesta del Defensor después de que asociaciones ecologistas le hayan hecho llegar un petición por escrito en la que le solicitan que inicie una investigación sobre el traslado "con la autorización de la Junta de Andalucía" de 25.000 toneladas de residuos peligrosos al vertedero de Nerva desde Italia y el tratamiento que están recibiendo.

En declaraciones a Europa Press, Chamizo explicó que la Defensoría "está en contacto con las organizaciones ecologistas de la zona para intentar tener todos los datos sobre qué es lo que está pasando", porque "hay una gran alarma en buena parte de la población de Nerva después del incendio de residuos plásticos que tuvo lugar el pasado viernes en el vertedero y tras el accidente del camión que se dirigía al mismo y que se produjo este lunes", añadió. "Estamos muy preocupados. Es una vertedero que nació mal y que desde el principio no contó con apoyo de gran parte de la población; y evidentemente ahora vemos que estas personas tenían razón y que estamos ante un riesgo del que espero una respuesta de la Junta de Andalucía", destacó Chamizo, al tiempo que insistió en que es una queja que está en marcha y que "vivo con preocupación porque sigo sin ver clara su ubicación".

Los últimos acontecimientos han reactivado la contestación ciudadana contra el vertedero de residuos de Zarandas. Al margen del incendio y de los últimos accidentes de camiones cargados con dirección a la planta, la Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción sobre las instalaciones que Befesa Gestión de Residuos posee en Palos. En la notificación del Ministerio se dan por "comprobadas las deficientes condiciones de almacenamiento de residuos químicos peligrosos en el centro de trabajo".