Alfredo Flores considera que la disputa pasará factura a los regantes si llega a Europa

Huelva/El lunes pasado cientos de agricultores del Condado se concentraron en Lucena del Puerto para impedir el cierre de 14 de los 77 pozos ilegales que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había anunciado que "vamos a cerrar, clausurar y sellar". Y lo consiguieron. Ni los técnicos ni la Guardia Civil, abrumados por la respuesta de los regantes, pudieron ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2017, que aboca al cierre definitivo a 66 pozos en El Gago, cuatro en Casa Beas y siete en el paraje Magín.

En aquel instante y ante la avalancha humana, un mando de la Benemérita comunicó a los manifestantes que se abriría un expediente y que la comitiva regresaría con una orden judicial. El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, indicó ayer a Huelva Información que "no hace falta una autorización para ejecutar una sentencia". Esta solo es precisa "si hay que entrar a un domicilio, pero a una finca y a un pozo no".

No obstante, entiende que los efectivos de la Administración desplazados el lunes a tierras luceneras se vieran sobrepasados por la magnitud de la protesta. "Creo que se marcharon por evitar incidentes y problemas, lógicamente, pero autorización no necesitaban". De hecho, a una finca se puede entrar "a inspeccionar incluso".

El máximo representante del Ministerio Público onubense, quien además ha sido durante años delegado de Medio Ambiente en la Fiscalía, lo tiene claro: "Usted tiene un pozo donde ha ejercido sus recursos y ahora le dicen que es ilegal y que hay que cerrarlo, pues hay que cerrarlo, aquí no hay otra opción". Todo con independencia, afirma Flores, de que "uno se manifieste para que los trasvases se agilicen".

Que tener agua superficial para regar es imprescindible para los campos del Condado es de sobra sabido. Pero hay que tener en cuenta, apunta el fiscal jefe de Huelva, que "los trasvases son lentos porque llevan un montón de informes y un montón de requisitos, llevan su tiempo; claro, si le dices a la gente que esto está en dos meses, pues no, porque en dos meses no va a estar. Esto lleva un montón de trámites".

Flores advierte de que "no se puede generar esta situación porque al final va a acabar perjudicando más al sector que otra cosa". Se refiere, manifiesta a este periódico, a que "si esto trasciende, ya sabemos el problema de Europa con Doñana", por lo que las repercusiones desde la Unión pueden ser de gran calado. "Este es un equilibrio en el que conviene que todo el mundo sea razonable y entender que, cuando ya hay resoluciones firmes y uno ha recurrido a los tribunales y los tribunales le han dicho que no, no hay más remedio que acatarlo y que la Confederación pueda cerrar los pozos", sentencia.

Por ello, Alfredo Flores hace una llamamiento a la calma y al diálogo, y prevé que todos los agentes implicados mantendrán reuniones para "convencer a la gente de que colabore y no plantee más problemas para evitar una situación más violenta y más tensa". Eso sí, apunta que "ojalá que no tengamos que intervenir, porque si tenemos que hacerlo es porque ya se han producido incidentes y ya entonces hay desobediencia o resistencia o atentado".

El jefe del Ministerio Público onubense no recuerda conflictos de estas características en la provincia de Huelva, donde ya se han clausurado muchos pozos por mandato judicial. Por ejemplo, hace referencia a los que "hemos tenido en Moguer, que dentro de que el condenado recurre todo, se han ejecutado sin mayores problemas, más allá de lo que se tarda, pero no ha habido que yo sepa ningún incidente grave en la ejecución". De hecho, "han ido los técnicos con el Seprona o con la Policía Autonómica, se han sellado y punto".

Flores cree que la tregua que la CHG y la Guardia Civil han dado a los agricultores atiende a que están "buscando que se serenen los ánimos y que la gente entienda que sí, que el agua superficial es fundamental, que tiene que venir, pero no se puede condicionar una cosa a otra".