IU pide a la Diputación que investigue las posibles deficiencias del vertedero

Izquierda Unida pedirá explicaciones sobre el tratamiento de residuos sólidos y urbanos en la planta de Villarrasa, propiedad de la Diputación Provincial y gestionada por Cespa. El diputado y portavoz de IU, Rafael Sánchez Rufo, aseguró ayer que preguntará a la responsable del Área de Medio Ambiente, Esperanza Cortés, sobre el supuesto enterramiento de la basura y el vertido de lixiviados, después de que el concejal de la formación de izquierdas en Villarrasa, José Pichardo, denunciara estos hechos, así como la paralización de una investigación sobre un posible delito ecológico por una denuncia interpuesta hace cuatro años.

Sánchez Rufo indicó a este periódico que existen mecanismos de control en la planta de reciclaje para determinar si se están realizando estas prácticas o no y, en tal caso, tomar las medidas oportunas. En su opinión, después de esta última denuncia, el Área de Medio Ambiente de la Diputación debe dar explicaciones y tranquilizar a los ciudadanos de que esos episodios contaminantes no se están produciendo.

José Pichardo insiste en que la basura que finalmente se entierra en el vertedero de apoyo no pasa en ningún momento por las cintas de reciclaje y además los gestores de la planta están aprovechando el agua de lluvia para mezclarla con los lixiviados con destino al arroyo La Morita, que se comunica con el cauce Rubio y éste a su vez con el río Tinto.

El edil de IU asegura que son los propios trabajadores los que detectan los problemas y denuncia que, mientras en la planta no se recicla la basura, la Diputación continúa cobrando la ecotasa que debe servir teóricamente para garantizar el tratamiento de los residuos.

El concejal ha informado en varias ocasiones al Pleno municipal de la situación y ha solicitado la paralización estas prácticas. Pichardo sostiene que tanto el equipo de Gobierno de la Institución provincial como del Ayuntamiento están al corriente de que la basura se está enterrando y también la materia orgánica.

Mientras, el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado continúa sin investigar un requerimiento que presentó en 2009 ante la Guardia Civil el que fuera primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Villarrasa, Juan María Domínguez, por supuestos delitos ecológicos contra el medio ambiente por el enterramiento de los residuos sin tratar y el vertido de lixiviados (agua contaminada procedente de los materiales de desecho) a un arroyo cercano de la planta, las mismas acciones que supuestamente ahora vuelven a repetirse.

Juan María Domínguez sostiene que la titular del juzgado no ha podido iniciar la investigación de la denuncia, ya que requirió la ayuda de un experto en medio ambiente de la Universidad de Sevilla, pero la Consejería de Justicia se ha negado a dotar presupuestariamente sus servicios, alegando que la Administración cuenta con sus propios expertos en la material para llevar a cabo las pesquisas.

Domínguez afirma además que en la planta no se han realizado los trabajos de limpieza y de restauración forestal que determinó el juzgado de Huelva tras la condena que impuso a finales de enero del pasado año a los responsables directos de las instalaciones tras detectar anomalías en su funcionamiento y tras concluir un largo proceso que comenzó en 2002.

La Planta de Tratamiento de Residuos de Villarrasa ha sido sometida en distintas ocasiones a obras de ampliación debido a un deficiente capacidad inicial para dar servicio a 30 municipios que aglutinan a 430.000 ciudadanos o lo que es lo mismo el 80% de la población de la provincia de Huelva. Las instalaciones debían servir para la fabricación de compost (abono) a partir de los residuos orgánicos.