Junta y Gobierno entierran la 'guerra' sobre Doñana casi dos años y tres comicios después

Almonte/Casi dos años y la celebración de tres elecciones después, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han enterrado el 'hacha de guerra' que propició una iniciativa que buscaba regularizar regadíos de la Corona Norte de Doñana, en una polémica en la que se han involucrado desde la Unión Europea hasta la Unesco por afectar a Doñana.

Desde que en enero de 2022 se presentara la primera proposición de ley hasta este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta Teresa Ribera, han escenificado en Doñana el acuerdo alcanzado, ambas administraciones han mantenido una tensión política e institucional que ha traspasado las fronteras españolas.

El acuerdo se ha firmado en presencia del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, uno de los científicos más críticos con la presentación de esta norma y más proclive a un acuerdo entre ambas administraciones.

Los argumentos de la polémica

La norma proponía legalizar unas 750 hectáreas de regadío en la Corona Norte de Doñana, a unos 30 kilómetros del Parque, en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, municipios afectados por el plan de reordenación de la fresa de 2014, que eliminaba 1.653 hectáreas bajo plástico.

Los términos del acuerdo, que se conocerán este lunes, no han trascendido aunque las mesas de negociación comenzaron con una promesa del Gobierno central de duplicar la inversión al Parque de Doñana y los pueblos que conviven con la reserva natural, cuyo montante ascenderían a los 700 millones de euros, una cifra que suponen 350 millones más de los 356 millones comprometidos en noviembre de 2022 para la restauración del Parque.

Un dinero que serviría, según trascendió durante las negociaciones, para fomentar la agroindustria, promover cultivos alternativos que necesiten menos agua, y promover otras industrias que den trabajo a la zona más allá de la agricultura.

El Ministerio propuso también una serie de expropiaciones de las fincas colindantes para reducir los derechos de riego, algo en lo que han podido estar los principales escollos, mientras que por parte del Gobierno andaluz han dejado claro siempre durante estos casi dos meses de negociaciones que se iba a tener siempre presente la opinión de los agricultores afectados y que el plan contentara a la mayoría.

Los inicios de la proposición de ley

La proposición de ley de la polémica entre ambos gobiernos tiene su prólogo en el 11 de enero de 2022, en la pasada legislatura, cuando PP, Ciudadanos y Vox presentaron en el Parlamento andaluz dos iniciativas idénticas para hacer regables 1.461 hectáreas de invernaderos de fresas calificadas como secano en el entorno de Doñana.

El llamado plan de la fresa regularizó unas 9.400 hectáreas de un total de 11.000 y los agricultores que quedaron fuera alegan que la cartografía empleada para la regularización estaba plagada de "errores", por lo que reclaman su derecho a formar parte de esta regularización, algo a lo que el Gobierno andaluz ha defendido que "había que dar una solución".

Esto provocó que un mes después la Comisión Europea amenazara a España con multas millonarias si la norma andaluza sale adelante y recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE había condenado a España y que la ley autonómica iba en dirección opuesta a la sentencia, al tiempo que el Gobierno central amenaza con llevar la norma al Constitucional.

Las elecciones paralizan la norma

Paralelamente, la Unesco y un millar de investigadores de 25 sociedades científicas criticaron la norma, y finalmente la proposición de ley decayó tras la disolución de la Cámara andaluza por la convocatoria de elecciones autonómicas el 15 de junio, en las que el PP logró la mayoría absoluta por primera vez en la historia andaluza.

La iniciativa se volvió a retomar el 2 de marzo de 2023, casi un año después, en forma de proposición de ley del PP, a la que añadió su firma el grupo de Vox, una decisión que los populares achacaron a que se trataba de una promesa electoral ante la necesidad de solventar un problema que afecta a muchas familias de agricultores de la zona.

Desde el Gobierno andaluz se insistía en que la propuesta prevé que el agua para los agricultores sea siempre superficial, que no afectará al acuífero de Doñana, y que este agua provendrían de unas obras de infraestructura comprometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que están pendientes de realizar.

Concretamente, la iniciativa de PP y Vox recogía que esos cultivos se regarían con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, y nunca con agua del acuífero de Doñana, que está "sobrexplotado", algo que, según explica el Gobierno de España, está ya comprometido pero para las zonas con derechos de agua.

El 28 de mayo se celebraron las elecciones municipales tras varios meses de tensiones entre ambos gobiernos, incluso con descalificaciones personales hacia el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por parte del Ejecutivo central, en una polémica en la que Bruselas volvió a entrar amenazando con multas millonarias.

Como consecuencia, en parte, de esta 'guerra de Doñana', el PP arrasó en los comicios municipales en la provincia de Huelva, donde logró incluso alcanzar el gobierno de la Diputación, una institución en manos de los socialistas durante casi toda la historia democrática, y con el nuevo periodo de sesiones del Parlamento la proposición de ley volvió a tramitarse.

El pasado 20 de septiembre, la proposición de ley estaba ya con todos los trámites finalizados y lista para su inclusión en el orden del pleno del Parlamento, pero un movimiento de último momento del PP permitió prorrogar su debate, en un primer momento con el argumento de no interferir en el debate de investidura de Alberto Núñez-Feijóo.

El fin de la guerra retirará la proposición de ley

La reunión de Moreno y Ribera el pasado 3 de octubre de 2023 en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, ofreció una tregua a la tensión entre ambos gobiernos, que acordaron crear una mesa de negociación "al más alto nivel" para intentar llegar a un acuerdo definitivo en el plazo de un mes.

Aunque finalmente no ha ocurrido, el Gobierno andaluz y el PP siempre han advertido de que la iniciativa no estaba retirada sino pospuesta y que si las reuniones finalmente no llegaban a buen puerto la volverían a presentar porque ese era el compromiso alcanzado con los agricultores afectados.

Finalmente han sido 54 días de reuniones "casi diarias" que han tenido como grandes protagonistas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte del Gobierno, y a los consejeros andaluces de Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.