El Juzgado abre en Ayamonte el melón urbanístico desde 1993

El Ayuntamiento de Ayamonte desconoce a día de hoy los motivos que han llevado a la Guardia Civil a requerir información relativa a los procedimientos urbanísticos seguidos en la localidad durante las últimas dos décadas. El portavoz del equipo de Gobierno que preside Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), José María Fernández, sí confirmó ayer que los documentos solicitados por los agentes por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad están relacionados con el proyecto urbanístico de Isla Canela y en concreto desde el año 1993.

La decisión judicial, bajo secreto de sumario, abre el melón urbanístico, que lleva dos décadas bajo distintas lupas: jurídicas, políticas, ecologistas y del Defensor del Pueblo, y que tiene en Isla Canela y Costa Esur sus dos pilares fundamentales. Ambos desarrollos han sido cuestionados una y otra vez al ocuparse zonas de servidumbre de Costas y efectuarse importantes cambios de uso de turístico a residencial y de rústico a urbanizable, aunque hasta hoy no ha habido imputaciones judiciales.

Fernández insistió en que la actuación judicial y policial se desarrolla en un ambiente preelectoral, "algo cíclico", dijo, y desde el Consistorio se recordó que en la última legislatura no se han otorgado licencias urbanísticas en la zona.

Los terrenos de Isla Canela comenzaron a desarrollarse en 1964 mediante la gestión de la Compañía Urbanizadora Municipal de Ayamonte (Cumasa) que obtuvo la declaración de la zona como Centro de Interés Turístico Nacional, que aún hoy se utiliza y facilita la ocupación de terrenos muy cerca del mar. La primera fase y el primer hotel se terminaron poco antes de la Expo del 92. Actualmente cuenta con más de 4.000 apartamentos y 5 hoteles.

La investigación abierta por el Juzgado número tres de la Puerta de España abarcaría desde 1993 en adelante, tras la llegada de la empresa Pryconsa-Iscasa y la multiplicación de la oferta turística a través de campos de golf y puertos deportivos. Estos proyectos contaron con sucesivas bendiciones de los gobiernos municipales de los alcaldes socialistas Isaías Pérez Saldaña y Rafael González, además de la aprobación del entonces consejero andaluz Jaime Montaner. Pero el desarrollo de Isla Canela también se encontró con la oposición del alcalde José Nicolás Jesús Rodríguez, al que parece que todos han olvidado.

La ocupación del litoral fue amplia y abundantemente denunciada por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción (Ojo con el Guadiana), que advirtieron del relleno de las marismas con escombros, el vallado de gran parte de una isla pública, los destrozos en las dunas costeras protegidas e incluso el conflicto con los colonos que habitaban el paraje natural.

Todas las denuncias cayeron en saco roto en el Ayuntamiento y Pryconsa-Iscasa pudo seguir con el proyecto.

El primer cuestionamiento del proyecto de Isla Canela no vino ni de la política ni de los juzgados, sino del clima. Los temporales de mitad de la década de los 90 llegaron a los cimientos de la urbanización y mostraron que el terreno había sido usurpado al mar. El hecho climático desveló a las organizaciones ecologistas que el conjunto de la isla había sido catalogado como zona urbana, lo que permitía construir a 20 metros del agua en vez de los 100 de servidumbre.

Por aquel entonces, Ecologistas en Acción acusó al Ayuntamiento de "conceder licencias de obras para parcelas situadas directamente sobre la arena de la playa, e incluso sobre el agua". Hasta se pidió un nuevo deslinde, contestado desde Iscasa con la construcción de un gran muro de piedra para contener los envites marinos.

Ojo con el Guadiana denunció un muro, que según recuerda hoy su portavoz, Iñaki Olano, "carecía de estudios previos y permiso de la Dirección de Costas".

El proyecto siguió adelante contra viento y marea. Ni Costas ni la Junta ni el Ayuntamiento vieron nada punible en el proyecto, que atrajo a Ayamonte hasta los activistas de Greenpeace, que se colgaron de las grúas para denunciar la desaparición costera.

La contestación ciudadana por la ocupación urbanística del litoral provocó una gran polémica. El alcalde, Isaías Pérez Saldaña, fue ascendido a consejero por Manuel Chaves y obligó a remover la lista socialista. Saldaña y su ejecutiva optaron en 1996 por José Nicolás de Jesús Rodríguez. Su mandato duró pocos meses y pasó a la historia como El Breve. En su corta etapa en la Alcaldía anunció la revisión, dimensionamiento y replanteamiento del proyecto de Isla Canela.

El anuncio le valió la enemistad declarada de la promotora, de Pérez Saldaña y de la dirección del PSOE de Huelva. En principio, los socialistas trataron de impulsar otro candidato tras el autodescartado consejero y su número dos Paco Parreño.

En ese momento entra en liza Rafael González, camionero y concejal de Cementerio por aquel entonces. Su llegada en tromba al Consistorio, procedente de ambientes que nada tenían que ver con el socialismo, calmó al partido que vio como ganaba por mayoría absoluta en 1999 y 2003. El PSOE luego se vería obligado a prescindir de sus servicios en 2007, empujado, otra vez, por la llegada de la Policía Judicial al Consistorio.

González se fue de Ayamonte y fue recolocado en la Diputación de Huelva por la presidenta Petronila Guerrero tras su aterrizaje en 2007, donde sigue de asesor. El PSOE de Huelva decide entonces impulsar a Antonio Rodríguez Castillo, secretario local con González, que perdió la mayoría absoluta hace casi cuatro años y mantuvo la Alcaldía tras sellar un pacto con el PA. En la década de Gobierno de Rafael González se produjo el completo desarrollo del proyecto Isla Canela y también de Costa Esury, sólo frenado por el crack inmobiliario. Más de 10.000 viviendas construidas fuera del casco urbano de Ayamonte.

Ahora, el Juzgado de Instrucción Nº 3 y la Guardia Civil vuelven a revisar los planeamientos urbanísticos en Ayamonte.