Luz verde a la guardería rural tras delimitarse sus competencias

El Ayuntamiento de Almonte sacó adelante en su último Pleno (celebrado esta semana) la Ordenanza Reguladora del Servicio de Guardería Rural. La propuesta culmina el circuito burocrático, iniciado en octubre, dando voz a las alegaciones presentadas al documento.

Los servicios municipales han tenido que hilar muy fino a la hora encajar jurídicamente un texto donde se definan las competencias de este servicio, todo ello sin menos cabo de la que ejercen otras fuerzas de seguridad del estado. En concreto, la jurisdicción de este cuerpo local, que cuenta con seis efectivos, se limita a la vigilancia de caminos y linderos, control de animales sueltos y otras tareas que no entren en competencia directa con las fuerzas de Seguridad. Prácticamente sin debate ni discrepancias de calado, la medida fue aprobada con los votos a favor de PP e IU y la abstención del PSOE.

La sesión también debatió dos mociones de IU. La primera de ellas sobre la creación de un Reglamento de Funcionamiento para la Bolsa de Empleo Público que brinde transparencia e igualdad en el acceso público al empleo, todo ello en función de criterios y baremos de corte social. Los socialistas defendieron en su discurso la necesidad de virar el modelo productivo a fin de absorber la actual mano de obra. Del mismo modo, enumeraron la "infinidad" de programas de empleo desarrollado por los socialistas que permitieron la contratación de 1.350 puestos de trabajo en sus dos últimos años de gobierno. El portavoz de IU, Daniel Martínez, achacó al modelo especulativo estas cifras de paro y reclamó a los sindicatos que "se posicionen a favor de los trabajadores en pos de una verdadera transformación social". A renglón seguido, el PP reveló que actualmente trabajan en un borrador que darán a conocer a asociaciones de parados, sindicatos y resto de fuerzas políticas donde podrán sumar sus alegaciones. La propuesta salió adelante por unanimidad.

Menos éxito tuvo la formación de izquierdas en su propuesta de realizar un catalogo de semillas tradicionales y ecológicas al objeto de enumerar y dar a conocer entre los agricultores las bondades de aquellas plantas que no han sido modificadas genéticamente. PSOE y PP votaron en contra de la propuesta.